Procuraduría denuncia penalmente a jueza que dejó en libertad a jóvenes de la 'primera línea'

Una vez más los jóvenes de la 'primera línea', el Gobierno Nacional y la Procuraduría General, son el centro de la polémica por la liberación de dos integrantes de este grupo que nació a raíz del estallido social en 2021.

En esta ocasión, el Ministerio Público denunció penalmente a la jueza del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, Lilyan Jhoana Bastidas, por la presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción, por haber ordenado la liberación de dos jóvenes de la 'primera línea' que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno Nacional.

La denuncia fue radicada ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que la funcionaria no tenía competencia para librar las boletas de libertad.

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"Se abrogó el conocimiento de la actuación sin dar traslado a uno de los jueces de garantías que se encontraban de turno, tal como lo indican las reglas de reparto establecidas", indica la Procuraduría.

Para el órgano de control, la juez "pasó por alto que las resoluciones remitidas por el Alto Comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo".

Por los mismos hechos, el Ministerio Público radicó ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá una queja disciplinaria contra la funcionaria. 

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