Procuraduría anuncia acciones contra la magistrada Julieta Lemaitre de la JEP

La Procuraduría General de la Nación anunció su intención de instaurar medidas constitucionales y disciplinarias contra la magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, SRVR, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Esta medida se debe a la negativa de la magistrada a responder solicitudes, entre ellas, la modificación de los plazos otorgados a las partes vinculadas en el proceso para reconocer los hechos y conductas que se les imputan.

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El procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, explicó que este y otros requerimientos han sido reiteradamente elevados por el Ministerio Público y las víctimas del macrocaso 01, que investiga la toma de rehenes y graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Farc.

Acosta Aristizábal criticó la decisión de la SRVR de enviar simultáneamente un escrito preliminar con las imputaciones jurídicas del caso a víctimas, intervinientes y comparecientes. Esta acción, según el agente del Ministerio Público, afecta las garantías procesales de los ciudadanos, que tienen derecho al debido proceso y a conocer con claridad los términos de la imputación antes de pronunciarse y asumir responsabilidad.

La propuesta de la Procuraduría es que la SRVR realice un primer traslado del Auto provisional, permitiendo que los comparecientes, víctimas e intervinientes presenten observaciones. Posteriormente, se debería emitir un segundo traslado con un Auto definitivo que incluya las manifestaciones de los participantes en el proceso, de manera que los comparecientes puedan reconocer adecuadamente los hechos.

Además, la Procuraduría enfatizó que impedir que las víctimas de secuestro se acrediten en el macrocaso 01, tras la emisión del Auto de Determinación de Hechos y Conductas, carece de fundamento jurídico y vulnera los derechos de las víctimas a participar en el proceso. "Esto representa un inaceptable obstáculo al acceso de las víctimas a una tutela judicial efectiva", concluyó Acosta Aristizábal.

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