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Procuradora reitera que la Ley de Paz Total es inconstitucional
Enumeró cuatro razones principales para justificar su posición. Estos son los pormenores de la declaración de la jefe del Ministerio Público.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, insistió este martes en que la Ley de Paz Total del Gobierno Petro es inconstitucional y debe ser declarada inexequible por presentar vicios de trámite en su aprobación en el Congreso de la República.
Al intervenir en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para analizar las demandas contra la Ley de Paz Total, la jefe del Ministerio Público enumeró cuatro razones principales para justificar su posición.
En primer lugar hizo hincapié en que la ley no considera la distinción entre la dinámica institucional al tratar negociaciones con grupos armados al margen de la ley y los enfoques hacia organizaciones criminales de gran repercusión.
En segundo lugar, señaló que debido a la falta de precisión en las disposiciones de la Ley de Paz Total, se abren posibilidades de interpretación donde el Gobierno Nacional podría autorizar la liberación de individuos, obviando órdenes de arresto pendientes, medidas cautelares o penas en proceso de cumplimiento.
Agregó que en la Ley de Paz Total no se establecen condiciones específicas para el reconocimiento de la calidad de vocero de paz, pues no se indica el vínculo que debe existir entre un individuo y una organización de crimen de alto impacto, para que pueda ser reconocido como vocero de paz y, por esa vía, recuperar su libertad.
En tercer término, recalcó que, si bien ciertas disposiciones de la Ley de Paz Total mencionan la salvaguardia de los derechos de las víctimas de manera general, en la práctica, al detallar la asignación de ventajas para los voceros de la paz, no se contempla la participación de las víctimas en los procesos pertinentes.
Y como cuarto punto destacó que las regulaciones en la Ley de Paz Total parecen abrir la posibilidad para que los disidentes de las Farc, que en el pasado recibieron tratamientos excepcionales al someterse a la JEP, obtengan nuevas ventajas. Esto plantea un desafío a nuestra Constitución, ya que aquellos que abandonaron los procesos previos podrían acceder a libertades y otros privilegios ahora otorgados a los voceros.
Esta no es la primera vez que la jefe del Ministerio Público hace referencia al tema.
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