Por crisis de insumos en el sistema judicial de Bogotá 31 juzgados en cese de actividades

Aproximadamente 300 funcionarios de 31 juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, han iniciado un cese de actividades. Este dramático acto de protesta se produce ante la falta de recursos básicos para llevar a cabo los procesos judiciales, una situación que pone de relieve las difíciles condiciones laborales en el sistema de justicia de la capital colombiana.

Los trabajadores, que representan una amplia gama de roles dentro del sistema judicial - desde notificadores hasta asistentes sociales, escribientes, jueces y asistentes jurídicos - se ven obstaculizados en su capacidad para realizar su trabajo. Sin papel, esferos, ni tinta para imprimir, se ven incapacitados para notificar a los privados de libertad y para expedir las decisiones judiciales.

"Somos 300 compañeros de 31 juzgados, todos en cese de actividades. Lamentablemente, por la falta de insumos por parte de la Dirección Seccional de Bogotá, estamos impedidos para realizar nuestro trabajo de manera efectiva. No tenemos papel, no tenemos esferos, no tenemos toner para imprimir", expresó Pilar Rey, líder del sindicato de Asonal Judicial.

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Los trabajadores demandan el suministro completo de insumos para retomar sus actividades. Mientras tanto, persisten las preguntas sobre cómo se ha permitido que se llegue a este punto de crisis y qué se está haciendo para resolver la situación.

Las implicaciones de esta parálisis en la administración de justicia son profundas. El cese de actividades ha dejado a los presos sin poder ser notificados de los desarrollos en sus casos. 

También ha afectado a la capacidad de los jueces para imprimir las decisiones judiciales, creando una acumulación de casos y un retraso potencialmente significativo en los procesos de apelación y revisión.

Hasta que se garantice el suministro de insumos, los funcionarios han prometido continuar con el cese de actividades. Esta situación pone de manifiesto los desafíos financieros y logísticos que enfrenta el sistema judicial de Bogotá. 

Como tal, representa un llamado a la acción para los responsables de la toma de decisiones en todos los niveles del gobierno para proporcionar los recursos necesarios y salvaguardar el funcionamiento del sistema judicial.

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