Piden a la Corte Suprema aprobar extradición de ciudadano requerido por homicidio en Chile

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia avalar la extradición del ciudadano colombo-venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, quien es requerido por el gobierno de Chile por su presunta implicación en el homicidio de un oficial de la Policía de Carabineros, ocurrido el pasado 10 de abril en Santiago.

En el concepto enviado a la Corte Suprema, el Procurador Primero delegado para la Casación Penal argumentó que la documentación aportada por las autoridades chilenas cumple con todos los requisitos legales y formales, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano y el tratado de extradición vigente entre ambos países.

El delegado señaló que la documentación enviada confirma la identidad de Orozco Castillo, lo que permite establecer que se trata de la misma persona procesada en Chile y que actualmente se encuentra detenida en Colombia. 

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Además, indicó que el pedido de extradición respeta el principio de doble incriminación, ya que los delitos imputados, homicidio agravado y porte ilegal de armas, tienen su equivalente en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000).

Asimismo, el procurador delegado aclaró que los hechos investigados no se consideran como delitos políticos ni en Chile ni en Colombia, cumpliendo así con los requisitos del tratado de extradición suscrito entre ambos países.

Exigencias para la extradición

El concepto de la Procuraduría también subrayó que existe una equivalencia jurídica entre el pronunciamiento emitido por las autoridades judiciales chilenas y el ordenamiento legal colombiano, dado que el documento contiene los cargos formulados por el Juez Sexto de Garantía de Santiago, los cuales son equivalentes a los establecidos en la legislación penal colombiana.

Finalmente, la Procuraduría advirtió que, en caso de que la Corte Suprema de Justicia apruebe la extradición, se deberá exhortar al Gobierno nacional para que garantice que Orozco Castillo no sea juzgado por delitos distintos a los que originaron la solicitud, ni se le impongan penas de muerte o de prisión perpetua. También se deberá permitir el contacto regular con sus familiares y reconocer el tiempo de detención en Colombia como parte de la pena impuesta.

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