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Piden celeridad en la investigación de operación militar en Putumayo

Durante la operación militar murieron 11 personas y resultaron heridas cinco más

Camargo defensor
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 13/04/2022 - 17:17 Créditos: Foto: captura de pantalla video Twitter @DefensoriaCol

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, pidió a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General adelantar una investigación exhaustiva y rápida que permita esclarecer lo sucedido el pasado 28 de marzo en la operación militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde murieron 11 personas, entre ellos, varios civiles.

Camargo aseguró que desde el 29 de marzo la Defensoría ha estado en el lugar de los hechos con misiones humanitarias, y que desde el 1 de abril, ha trabajado conjuntamente con la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas para brindar apoyo a la comunidad.

"La Defensoría del Pueblo tuvo contacto directo con personas de la comunidad y escuchó diversas versiones sobre lo sucedido. En particular, explicaron: que durante los días 26, 27 y 28 de marzo se encontraban en una actividad tipo bazar, con un alto número de participantes provenientes de zonas aledañas; que las operaciones habrían iniciado con personal militar que usó uniformes distintos a los camuflados, y que en la operación militar habrían muerto 11 personas y resultaron heridas cinco, entre ellas, un militar", dijo el Defensor.

Camargo advierte la obligación de respetar las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en cuanto a los principios de precaución, distinción y proporcionalidad.

"Es indispensable determinar si además de las víctimas ya identificadas, existen otras víctimas. Esto por cuanto algunas personas de la comunidad aseguran que hubo quienes cayeron en el río o trataron de huir del riesgo lanzándose al mismo”, insistió Camargo.

Otro de los hallazgos de la Defensoría en la Vereda Alto Remanso fue que, durante los enfrentamientos se generaron daños a bienes civiles indispensables para la comunidad, y que existe un temor generalizado de represalias por parte de grupos armados que hacen presencia en la zona. Por lo que pide a estos grupos respeten el principio de distinción que prohíbe involucrar a la población civil en la confrontación armada usándolos como escudo.

 

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