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Ordenan a la Contraloría reparar a exgobernador de Caldas por suspensión injustificada
Daño se originó en su suspensión temporal bajo el argumento de prevenir la alteración de pruebas en una investigación de responsabilidad fiscal.
El Consejo de Estado ha ordenado a la Contraloría General de la República indemnizar al exgobernador de Caldas, Mario Aristizábal, por los perjuicios ocasionados tras la suspensión provisional que le fue impuesta durante una investigación fiscal, sin que se cumplieran los requisitos de necesidad y temporalidad establecidos por la ley.
La Contraloría investigó a Aristizábal en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con el contrato de concesión No. 1 de 2006. Aunque el exgobernador fue suspendido por tres meses y 10 días, la investigación concluyó con el archivo del proceso y la cesación de la acción fiscal, ya que, aunque se comprobó un detrimento patrimonial, el concesionario involucrado cubrió el monto afectado.
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Aristizábal presentó una demanda de reparación directa tanto por la investigación como por la suspensión provisional.
Si bien el Consejo de Estado determinó que la investigación era una carga que el exgobernador debía soportar debido al detrimento patrimonial comprobado, la corte falló parcialmente a su favor al concluir que la Contraloría no justificó adecuadamente la necesidad de imponer la suspensión provisional.
La sala precisó que la entidad demandada no demostró la inminencia de afectación a las pruebas, que pudiera provocarse por la permanencia del investigado en su cargo.
Además, tampoco probó que, al utilizar medios menos restrictivos de los derechos del investigado, estos resultaran ineficaces para preservar los elementos materiales de prueba. Finalmente, afirmó que la decisión le impidió al dirigente poder finalizar el periodo para el cual fue elegido.
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