Nieto de fundador de Productos Ramo en líos por caso de violencia intrafamiliar

Un proceso judicial en curso ha vinculado a Santiago Molano Luna, descendiente directo del fundador de la empresa Ramo, con acusaciones de violencia intrafamiliar y uso presuntamente indebido de mecanismos legales para ejercer presión sobre su exesposa, Andrea Posada Vidales.

El caso, que ha generado atención pública, incluye una serie de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y distintos despachos judiciales, tanto civiles como de familia.

La situación se remonta al año 2024, cuando Posada formalizó una denuncia penal en la que asegura haber sido víctima de agresiones físicas, verbales, psicológicas y económicas por parte de su expareja.

Dentro del material probatorio allegado al expediente figura un registro audiovisual captado por una cámara de seguridad.

En dicha grabación, que ya obra en poder de las autoridades competentes, se observa a un hombre que, presuntamente, sería Molano, en el acto de agredir físicamente a una mujer en un parqueadero, mientras un menor —el hijo de ambos, de entonces seis años— presencia los hechos.

Junto a este video se han entregado capturas de pantalla de conversaciones escritas, en las que se registran expresiones amenazantes y ofensivas, muchas de ellas relacionadas con la identidad de género de la denunciante.

Estos elementos han sido incorporados a los procesos judiciales en los que ambas partes participan y han servido como base para las solicitudes de medidas de protección, regulación del régimen de visitas, custodia del menor y determinación de cuotas alimentarias.

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En medio de estas diligencias, la representación legal de Posada ha dirigido una comunicación formal a la Comisión de Género de la Rama Judicial, en la cual se expone un patrón reiterado de utilización del aparato judicial por parte de Molano como mecanismo de presión.

En dicha carta, firmada por el abogado Juan David Riveros Barragán, se plantea que las múltiples demandas y acciones jurídicas interpuestas por el exesposo de Posada configuran una estrategia orientada a desgastarla, tanto en lo económico como en lo emocional.

Dentro de los procesos iniciados por Molano se cuentan recursos ante comisarías de familia, demandas relacionadas con la tenencia del hijo en común, acciones para la restitución del bien inmueble que ocupa Posada con el menor y una solicitud para modificar la decisión que asignó el 100 % de la cuota alimentaria al padre.

Este último punto fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia mediante una acción de tutela, cuyo fallo aún no se conoce.

Por su parte, la defensa de Molano ha argumentado que las acciones promovidas por su cliente se encuentran dentro del marco normativo vigente y responden a la imposibilidad de llegar a consensos mediante canales conciliatorios.

Según explicó el abogado del señalado, el propósito inicial era resolver las diferencias mediante acuerdos extrajudiciales, pero ante la negativa de la contraparte, se optó por acudir a la vía formal.

Posada ha declarado que desde hace aproximadamente tres años ha enfrentado un comportamiento que califica como “violencia judicial”, expresión que utiliza para describir el uso continuo del sistema judicial como forma de agresión.

Entre los hechos denunciados, se encuentra un episodio en el que, sin su autorización, se expuso al hijo en común a una evaluación forense por parte de un especialista en violencia sexual, en el marco de uno de los procesos impulsados por Molano.

Posada sostiene que esta actuación tuvo repercusiones en la salud emocional del menor, lo cual ha sido documentado y presentado como prueba en los procesos en curso.

La defensa de la denunciante también ha solicitado que se tenga en cuenta la situación de dependencia económica que Posada mantuvo durante el tiempo de convivencia con Molano, así como el diagnóstico médico de trastorno de estrés postraumático que, según el equipo jurídico que la representa, fue provocado por los episodios de violencia vividos durante y después de la relación.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación se encuentran activas y buscan esclarecer la veracidad de las acusaciones. Además del presunto episodio de violencia física captado en video, el expediente incluye testimonios, informes periciales y otros documentos que dan cuenta de una dinámica de confrontación prolongada entre las partes.

La Fiscalía también analiza los mensajes ofensivos y los recursos legales emprendidos, para determinar si estos configuran una conducta sistemática de acoso.

Riveros Barragán ha indicado que cada nueva acción judicial representa no solo un reto procesal, sino también una carga emocional para su representada, quien debe destinar tiempo, recursos y atención a cada uno de los trámites.

A juicio del abogado, esta serie de actos configura una modalidad de violencia basada en el género, al instrumentalizar la justicia como medio de control y prolongación del conflicto.

Mientras continúan las diligencias en los distintos estrados judiciales, tanto la Fiscalía como la Comisión de Género han expresado que evaluarán el caso conforme a las garantías procesales y bajo el principio de enfoque diferencial.

El caso se mantiene bajo reserva en algunas instancias, aunque varios documentos han sido divulgados por medios de comunicación nacionales, generando repercusión en la opinión pública.

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