La historia de Luz Adriana Camargo quien se posesionó e inició labores como fiscal general

“Asumo mi elección como el culmen de mi carrera al servicio de la rama judicial, pero ante todo como una gran responsabilidad y oportunidad para transformar de manera positiva la vida de millones de compatriotas que se ve afectada por el flagelo de la violencia, la criminalidad y la impunidad”, aseguró la Fiscal Adriana Camargo, en su acto de posesión ante el presidente Gustavo Petro.

Son 37 años de trabajo al servicio de la justicia en Colombia, desde su primer cargo como sustanciadora en un juzgado en Bogotá hasta llegar a una de las máximas dignidades del país, fiscal general de la Nación.

Precisamente, Luz Adriana Camargo, fue elegida  con 18 votos de 23 por la Corte Suprema de Justicia como nueva fiscal general de la Nación.  A su vez, Angela Buitrago sacó 2 votos y Amelia Perez, pese a que renunció sacó un voto. Hubo dos votos en blanco.

Primeros pasos

Es bachiller del Colegio María Mazzarello de Bogotá. En 1982 inició sus estudios de Derecho en la facultad de la Universidad de La Sabana, cuyo título en pregrado lo obtuvo en 1986. Cuatro años después obtuvo el título como especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de la capital.

Mientras cursaba esa especialidad fungió como Oficial Mayor del Juzgado 19 Superior de Bogotá y de allí pasó adelante la Juez 106 de Instrucción Criminal.

En los dos años siguientes fue abogada litigante hasta que en abril de 1991 regresó a la función pública como asesora del director Seccional de Instrucción Criminal de Bogotá y Cundinamarca.

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Su primer paso por la Fiscalía

Entre junio de 1992 y mediados de 1994 se desempeñó como directora de la Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación. De allí, meses después regresó al ruedo judicial como Fiscal Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, cargo que desempeñó hasta el 6 de noviembre de 1996 cuando fue nombrada como fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia.

El primero de abril de 2003 asumió como Fiscal Delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y luego, desde el 9 de marzo de 2005 y hasta el 13 de enero de 2014 se desempeñó como magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Al exterior 

De allí salió de la mano del hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, como integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG-ONU.

Durante tres años se desempeñó como jefe del departamento de investigación y litigio en ese mecanismo de la ONU con sede en Guatemala, el cual fue establecido para apoyar al Ministerio Público de ese país en la detección y desarticulación de redes criminales denominadas político económicas ilícitas, denominadas CIACS.

Tras su salida de ese organismo se desempeñó como consultora del equipo de seguimiento especial de las Medidas Cautelares MC-309/18 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en favor de dos periodistas del diario El Comercio de Ecuador que fueron secuestrados en medio de un cubrimiento y que posteriormente fueron asesinados. También en la CIDH estuvo a cargo como consultora de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

De retorno a Colombia

En los últimos años trabajó como consultora en proyectos de identificación de patrones de sistematicidad en homicidios de líderes sociales y combatientes de las FARC. Esto lo desarrolló para las Fundaciones Forjando Futuros, Indepaz, Intereclecial de Justicia y Paz.

También fue consultora para la Corporación Justicia y Democracia para el proyecto denominado "Incidencia para la Reforma a la Policía Nacional". Finalmente, entre julio y agosto de 2023 a través de una persona jurídica asesoró a la Secretaría de Transparencia para la detección de fortalezas y debilidades en los mecanismos de contratación pública en Colombia, asesoría en buenas prácticas internacionales sobre contratación pública y acompañamiento al Secretario de Transparencia sobre buenas prácticas en manejo de denuncias de corrupción.

Además fue perito en tres litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Herminio Deras Vs Honduras; Santiago Leguizamón Vs Paraguay y Digna Ochoa Vs México.

La pareja

Camargo Garzón está casada con el abogado penalista Germán Marroquín, gerente desde hace 24 años de una firma de investigación empresarial en fraudes, competencia desleal, contrabando y due diligence, entre otros.

Su cónyuge se desempeñó como Fiscal Delegado ante la Corte entre 1995 y 2000 y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.

Ahora manejará una entidad con 30.000 funcionarios, presupuesto superior a los seis billones anuales y lo más importante la responsabilidad de investigar y acusar en el contexto de un país donde el conflicto y la delincuencia crecen exponencialmente día a día.

Su reto mayor será mostrar independencia frente al presidente Gustavo Petro quien la ternó.

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