La feria de contratos en la Uspec: millonarias adjudicaciones en diciembre bajo la lupa de las autoridades

Mientras el país se sumergía en las celebraciones de Navidad y Fin de Año, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) trabajaba sin descanso para aprobar una serie de contratos que, en conjunto, sumaron más de 85.000 millones de pesos. 

El Comité de Contratación de la entidad sesionó 12 veces entre el 2 y el 26 de diciembre de 2024, logrando la adjudicación de diez contratos en tiempo récord.

Este acelerado proceso contractual ha levantado sospechas debido a la aparente falta de planeación y al hecho de que las advertencias sobre posibles irregularidades fueron desestimadas. Sergio Agón Martínez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Uspec, fue una de las voces que encendió las alarmas, pero sus preocupaciones fueron sistemáticamente ignoradas.

Contratos aprobados sin mayor discusión

Los documentos a los que tuvo acceso la revista SEMANA revelan que las convocatorias para las sesiones del Comité de Contratación fueron enviadas con apenas minutos de antelación, lo que impidió un análisis detallado de los contratos. Un ejemplo claro ocurrió el 2 de diciembre, cuando la citación se envió a las 10:14 a. m., mientras la reunión ya estaba programada para las 10:00 a. m.

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Durante esa sesión, se aprobó un contrato para obtener permisos ambientales para las cárceles del país, adjudicado al consorcio Aquaintegral 2024 por 2.825 millones de pesos. Agón expresó su preocupación por la subsanación de observaciones y el puntaje de la firma ganadora, pero sus objeciones fueron descartadas. A pesar de su voto en contra, el contrato fue aprobado.

Casos similares ocurrieron en sesiones posteriores, donde se aprobaron contratos de adquisición de gases lacrimógenos (casi 2.000 millones de pesos a la empresa Imdicol) y consultoría para la instalación de sistemas contra incendios en 23 cárceles (2.109 millones de pesos al consorcio Siacar). En todos estos procesos, Agón votó en contra, advirtiendo que los plazos de ejecución eran irrealistas y violaban el principio de planeación.

Las prórrogas sospechosas del 31 de diciembre

Aunque los contratos establecían que debían ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2024, en varios casos los tiempos eran insuficientes. Por ejemplo, el contrato de permisos ambientales requería al menos cuatro meses para la gestión de licencias, pero se firmó un acta de inicio el 27 de diciembre, dejando solo cuatro días para su cumplimiento.

El 28 de diciembre, el consorcio beneficiado solicitó una prórroga, la cual fue aprobada inmediatamente, extendiendo el contrato hasta el 1 de julio de 2025. Este mismo patrón se repitió en otros contratos, que fueron modificados y ajustados incluso hasta la tarde del 31 de diciembre, en plena Nochevieja.

Carlos Orozco, exfiscal delegado en administración pública, señaló que la cantidad de contratos adjudicados en tan corto tiempo es preocupante. "No se trata de un solo contrato, sino de varios. Las prórrogas deben estar justificadas, de lo contrario podríamos estar ante una violación del principio de planeación", advirtió.

Orozco también reveló que su despacho ya había iniciado una investigación sobre la Uspec debido a denuncias previas. "Verificamos algunos aspectos que podrían indicar una irregularidad en la fase precontractual y de ejecución", afirmó.

Por su parte, Ludwing Joel Valero Sáenz defendió las decisiones tomadas, argumentando que "los contratos se prorrogaron, no se adicionaron" y que "los recursos no se pierden". Sin embargo, sus explicaciones no han convencido a todos, y se espera que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría revisen el caso en detalle.

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