Jefe negociador del gobierno niega que retención de los militares sea acción directa de las disidencias

La retención de un grupo de militares por la llamada "guardia campesina" en Guaviare ha desatado un intenso debate entre el Ministerio de Defensa y el equipo negociador del Gobierno con las disidencias de las FARC. Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno, ha negado que esta retención sea una operación militar coordinada por las disidencias, contradiciendo así las afirmaciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

En una entrevista, González Posso explicó que la situación en Guaviare es el resultado de un conflicto sociopolítico más que una acción militar organizada. Destacó que las comunidades involucradas han expresado su deseo de evitar enfrentamientos armados, un factor crucial para comprender el contexto de la retención.

"La información que tenemos está dada por Naciones Unidas, el alcalde y la Defensoría del Pueblo. Este grupo de campesinos está reclamando que la fuerza pública se retire, pero no podemos decir que sea una operación militar de un bloque disidente", aseguró en diálogo con Blu Radio.

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Por su parte, el ministro Velásquez había advertido que este suceso podría poner en riesgo el cese al fuego con las disidencias, insinuando una posible vinculación entre las comunidades campesinas y los grupos armados. Sin embargo, González Posso cuestionó esta interpretación y urgió al Gobierno a centrar su atención en las raíces del conflicto social en la región.

En su intervención, el jefe negociador hizo hincapié en la importancia de resolver este tipo de conflictos mediante el diálogo y la mediación, en lugar de recurrir a acciones punitivas que podrían agravar la violencia en la zona. “El hecho concreto es cómo se resuelve el conflicto donde hay un grupo de civiles en una actitud irregular. Eso se resuelve mediante el diálogo”, afirmó.

Además, González Posso abordó las preocupaciones de comerciantes de Mesetas y otros municipios del Meta y Guaviare, quienes han denunciado extorsiones por parte de las disidencias, lo que representa una amenaza para el proceso de cese al fuego en la región. A pesar de contar con un mecanismo de monitoreo y verificación, estas prácticas delictivas persisten.

Finalmente, el negociador subrayó que la única responsabilidad del Estado es perseguir el delito y la extorsión, independientemente de los protocolos de cese al fuego establecidos. 

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