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ICBF adjudica y modifica más de $100.000 millones en contratos en menos de dos días

Los millonarios contratos se distribuyen en casi todos los departamentos del país y están enfocados en programas de primera infancia.

Astrid Cáceres ICBF 30 DIC
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 30/12/2024 - 12:39 Créditos: Red social X / Astrid Cáceres, directora deol ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cerró el año 2024 con una intensa actividad contractual. Según datos de la plataforma Secop II, la entidad adjudicó, adicionó o modificó más de 70 contratos por un valor superior a $100.000 millones entre el 29 y 30 de diciembre, cubriendo casi todos los 32 departamentos del país.

Estos contratos están dirigidos principalmente a programas de atención integral para la primera infancia, enmarcados dentro de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, Cero a Siempre. Los contratos tendrán vigencia hasta junio de 2026, coincidiendo con los últimos meses del mandato del presidente Gustavo Petro.

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Contratos destacados

En el departamento de Bolívar, se adjudicaron contratos clave:

  • $1.923 millones para servicios de educación inicial y atención integral a la primera infancia.
  • Otro contrato por $5.200 millones bajo los mismos lineamientos.
  • Tres contratos adicionales con adiciones presupuestales que superan los $1.000 millones cada uno.

En Antioquia, uno de los departamentos con mayor asignación, se realizaron cerca de 30 contratos o modificaciones. Destacan:

  • Un contrato por $4.600 millones enfocado en el programa Cero a Siempre.
  • Adiciones presupuestales que suman más de $40.000 millones.

Otros departamentos con alta actividad contractual incluyen Chocó, Bolívar, Cauca, Atlántico, Santander, Tolima y La Guajira, todos beneficiados con recursos significativos para reforzar programas sociales en sus territorios.

Transparencia y críticas

Aunque el ICBF, dirigido por Astrid Cáceres, ha resaltado la importancia de estos contratos para garantizar la atención a la población más vulnerable, el volumen y la velocidad de las adjudicaciones han generado cuestionamientos. Algunos sectores políticos y sociales piden mayor claridad en los procesos de contratación realizados en tan corto tiempo.

 

 

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