Gobierno Nacional activará mecanismos diplomáticos para la extradición de Salvatore Mancuso

A través de un extenso comunicado de prensa, la oficina del Alto Comisionado para la Paz en cabeza de Danilo Rueda, manifestó que las gestorías de paz de los exintegrantes de las Autodefensas de Colombia (AUC) respetan la autonomía judicial, y por ello defendió la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Con dicho premisa, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, confirmó que los ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores activarán los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición de Salvatore Mancuso a Colombia.

"Su presencia en el territorio nacional es indispensable, y deberá cumplir con las exigencias que deriven de la libertad a prueba de la Sala de Justicia y Paz", dice la comunicación del Alto Comisionado.

Recordó, además, que Mancuso expresó en 2022 su convicción de contribuir a la agenda de la Paz Total del presidente Petro y su disposición para cumplir con las tareas propias de una gestoría de paz como exmiembro de ese grupo armado.

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Frente al resto de integrantes de la AUC que deseen hacer parte de la política de Paz Total, la oficina del Alto Comisionado para la Paz dijo que adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de  todos los exmiembros de ese grupo ilegal. "Por su parte, la OACP hará el seguimiento correspondiente a los compromisos asumidos por estos, advirtiendo que cualquier incumplimiento motivará la revocatoria de estos roles".

"El Gobierno Nacional está analizando cada uno de estos casos a la luz del derecho interno, en particular del Decreto Reglamentario 1175 de 2016, y del Derecho Internacional, en el marco de acuerdos humanitarios en los cuales cada gestor de paz exAUC deberá asumir compromisos de reconocimiento de responsabilidad e identificación en el despojo de tierras y desapariciones forzadas, entre otras conductas punibles que aún requieren esclarecimiento y reparación", agrega.

Por último, aseguraron que rechazan cualquier tipo de "presión, intimidación o amenaza que, con ocasión de este proceso, se haya dirigido o pueda dirigirse en contra de magistrados, jueces o fiscales".

Y reiteró que la búsqueda de paz en todo Colombia debe involucrar a todos los sectores políticos, sociales, gremiales e institucionales del país.

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