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Falsos positivos: JEP imputa a altos mandos del Ejército por más de 600 asesinatos
Crímenes de guerra y de lesa humanidad se habrían cometido en siete departamentos bajo un patrón criminal sistemático y a gran escala.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 28 militares retirados, incluidos tres mayores generales y dos brigadieres generales, como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2008 en siete departamentos de la Costa Caribe, donde al menos 604 personas habrían sido asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas falsamente como bajas en combate.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, se configuró un patrón macrocriminal dentro de la estructura del Ejército, que operaba como una red organizada. Esta red respondía a un plan orientado a inflar artificialmente los resultados operacionales mediante asesinatos ilegales de civiles.
La práctica, nacida en el Batallón La Popa, se extendió a 19 unidades tácticas bajo la jurisdicción de la I División del Ejército y del Comando Conjunto Caribe.
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Entre los oficiales imputados están los generales (r) Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes lideraron unidades como la X Brigada Blindada y el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2. También fueron responsabilizados siete coroneles, tres tenientes coroneles y cuatro mayores, quienes desempeñaron roles clave para mantener y expandir el sistema criminal.
La JEP documentó que el 76 % de las bajas reportadas por estas unidades eran falsas. Entre 2004 y 2007 se presentaron 303 de los 358 eventos ilegales investigados, con un pico en 2007 que registró 159 casos y 257 víctimas. Este incremento evidenció la consolidación de una política militar basada en incentivos y sanciones para quienes entregaran “resultados”.
La magistratura determinó que este patrón criminal respondía a una finalidad común: presentar aparentes éxitos militares frente a las guerrillas y mejorar la percepción de seguridad. Para lograrlo, se recurrió a presiones jerárquicas, recompensas, amenazas y actos sistemáticos de encubrimiento.
Algunos de los implicados aceptaron su responsabilidad, mientras otros enfrentarán juicio adversarial, con penas que podrían alcanzar los 20 años de prisión.
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