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Exjefe de seguridad de Uribe podría enfrentar sanción en la JEP por falta de verdad
La Jurisdicción Especial para la Paz señala que Mauricio Santoyo ha incumplido su obligación de aportar información clave sobre su relación con las AUC.
![Mauricio Santoyo](/sites/default/files/styles/imagen_principal_contenidos_2021/public/2021-09/generalrsantoyo_2842020.jpg.webp?itok=yvdFeqw1)
Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, podría enfrentar un incidente de incumplimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por no entregar una verdad plena y detallada en el proceso que enfrenta.
Así lo indicaron los magistrados de la Sala de Reconocimiento Óscar Parra y Gustavo Salazar, quienes remitieron pruebas a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que evidenciarían la falta de cooperación del exgeneral.
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Santoyo es investigado en el subcaso Antioquia del macrocaso 08, que analiza crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros en alianza con grupos paramilitares durante el conflicto armado.
Según la JEP, el exoficial no ha esclarecido sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a pesar de haber sido condenado en Estados Unidos por conspiración para proveer apoyo material a esa organización ilegal.
Los magistrados concluyeron que, tras contrastar la información entregada por Santoyo en marzo y diciembre de 2024, este ha eludido aportar detalles sobre los actos concretos que lo relacionan con las AUC, limitándose a calificarlos como parte de una “estrategia jurídica”.
Además, la justicia especial cuestionó la falta de contribución del exgeneral en el esclarecimiento de la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES). La Fiscalía lo ha señalado como autor mediato de este crimen de lesa humanidad.
Los magistrados también advirtieron que Santoyo ha evitado dar información sobre hechos de violencia ocurridos en Medellín mientras estuvo al mando de la Dirección Nacional del Gaula, donde se habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos. La JEP evaluará su falta de compromiso y podría tomar medidas en su contra.
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