Excandidato presidencial Rodolfo Hernández apelará sanción e inhabilidad por 14 años

La defensa de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, anunció a su decisión de apelar la sanción e inhabilidad por 14 años para desempeñar cargos públicos, impuesta por la Procuraduría General de la Nación. 

Julio Cesar Ortiz, abogado representante del exalcalde, argumentó que el fallo no está acorde con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y por ende, considera que se ha procedido de forma incorrecta e inadecuada.

El anuncio del defensor llega justo antes del inicio de un nuevo proceso político electoral. El letrado sostiene que el fallo de la Procuraduría debió darse a conocer mucho antes, sugiriendo que el timing de la decisión ha sido mal calculado. "No creemos en la justicia de este fallo, por lo que procederemos a apelar en los plazos procesales correspondientes", indicó Ortiz. Esto implica que la decisión final sobre el caso de Hernández no se ha sellado aún.

La Procuraduría General de la Nación, ha emitido una sanción contra Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga. La acusación se basa en la alegación de interés indebido de Hernández en el contrato relacionado con la gestión de residuos, conocido como Vitalogic.

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Según la investigación llevada a cabo por la Procuraduría, Hernández supuestamente demostró un interés personal en el proceso de selección para la adjudicación del contrato de gestión de residuos a la unión temporal Vitalogic RSU. 

De resultar seleccionada, dicha unión proporcionaría beneficios económicos al hijo de Hernández, en virtud de un contrato de corretaje previamente establecido.

Además, se alega que Hernández se reunió con los representantes de la multinacional Vitalogic en Bogotá, en lo que se cree fue un encuentro con un interés personal. 

La Procuradora Margarita Cabello afirmó que el exalcalde proporcionó información privilegiada para favorecer la adjudicación del contrato a Vitalogic, poniendo a la empresa en ventaja sobre otros posibles competidores.

El fallo también sostiene que Hernández ejerció presión sobre el director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, instándolo a pasar por alto las normas de contratación y el manual existente, con el fin de formalizar el negocio de residuos con Vitalogic.

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El fallo de la Procuraduría General de la Nación, en su primera instancia contra Hernández, consideró las dos conductas imputadas como dolosas y graves. Sin embargo, la apelación anunciada por la defensa de Hernández podría alterar el curso de este caso. La revisión del fallo tendrá lugar en los próximos meses, dejando la sanción e inhabilidad en suspenso hasta que se llegue a una nueva decisión.

En el centro de esta controversia se encuentra el hijo del exmandatario de la ciudad, quien habría suscrito un contrato de corretaje, presuntamente favoreciendo a una empresa en el proceso contractual para la implementación de una nueva tecnología de disposición y tratamiento de los residuos sólidos.

El caso tomó un giro inesperado en el año 2020, cuando la Fiscalía encontró pruebas que apuntaban a la intervención directa del exmandatario en la adjudicación del contrato de consultoría 096 de 2016 a Jorge Hernán Alarcón, uno de los actores clave en el proceso contractual. Estas pruebas han generado una gran conmoción en la opinión pública y han dejado al descubierto una presunta red de corrupción que involucra a altos funcionarios.

En octubre de 2021, la Procuraduría formuló un pliego de cargos en contra del exgerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, José Manuel Barrera, por su presunta participación en estos mismos hechos. Esto evidencia la gravedad del caso y la relevancia que ha adquirido a nivel nacional.

En el escenario penal, el 30 de noviembre de 2021 se inició la audiencia preparatoria del juicio, en la cual se presentaron las pruebas recopiladas hasta el momento.

Es importante resaltar que, en medio de este turbio panorama, el implicado Rodolfo Hernández logró avanzar hasta la segunda vuelta presidencial y obtener más de 11 millones de votos. 

Sin embargo, posteriormente decidió renunciar a su cargo como Senador por el Estatuto de Oposición, con el fin de evitar inhabilitarse en sus aspiraciones para las elecciones regionales. Esta decisión ha generado polémica y ha puesto en entredicho la legitimidad de su carrera política.

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