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Detalles del expediente del denominado juez de la banda “Los Costeños”

El funcionario judicial es procesado por polémicas decisiones que favorecerían a la organización criminal.

 juez de la banda “Los Costeños”
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 01/07/2024 - 12:32 Créditos: Cuenta X @josesastoque

Un expediente en contra de José Sastoque, un juez de control de garantías de Barranquilla, a quien se le atribuye haber facilitado beneficios indebidos a miembros del grupo delictivo denominado Los Costeños, que incluyen a sicarios y líderes de la banda, se ha hecho público.

Según la investigación llevada a cabo por la Unidad Anticorrupción de la Dijin y supervisada por la Fiscalía, las decisiones del juez han resultado en una serie de controversias a nivel nacional, poniendo en riesgo la seguridad pública.

El ente acusador ha categorizado las acciones del juez Sastoque como una serie de maniobras irregulares, que han terminado por favorecer a figuras peligrosas dentro de la organización criminal, específicamente a individuos investigados previamente por homicidios. 

Este patrón incluye la concesión de arresto domiciliario a varios de estos criminales, entre ellos a Jeremy Colmenares, alias Jeremy, un venezolano acusado de estar involucrado en la Masacre de las Flores en Barranquilla, donde seis personas fueron asesinadas en una sola noche.

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La Fiscalía ha imputado al juez por el delito de prevaricato por acción, aunque él ha declarado su completa inocencia frente a las acusaciones. 

A pesar de esto, la investigación destaca que el juez, al otorgar medidas como el arresto domiciliario, ha realizado valoraciones inapropiadas de las evidencias presentadas por la Fiscalía, a menudo desestimando las amenazas contra testigos y justificando sus decisiones en un supuesto intento por no perjudicar a los acusados.

Estas decisiones han sido criticadas por la propia justicia y han llevado a cuestionamientos sobre la integridad del sistema judicial. 

Además, el juez Sastoque ha sido muy activo en redes sociales, expresando su rechazo a lo que considera una persecución injusta y defendiendo su reputación contra lo que describe como ataques a la independencia judicial.

La situación alcanzó un punto crítico cuando la Fiscalía, tras evaluar los testimonios y las pruebas acumuladas, solicitó que el juez fuera enviado a prisión preventiva, argumentando la gravedad de su conducta y el peligro que representa para la comunidad.

 

 

 

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