Detalles de la acusación contra Armando Benedetti por tráfico de influencias en el caso Fonade

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar a Armando Benedetti, actual jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, por tráfico de influencias. La investigación, que se extendió por meses, pone nuevamente en la mira los manejos del gobierno de Juan Manuel Santos y el papel de Benedetti en el reparto de cargos burocráticos.

Según documentos obtenidos por El Colombiano, la acusación tiene su origen en una reunión ocurrida el 6 de octubre de 2014 en la Casa de Nariño. En ese encuentro, el entonces ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, notificó a Benedetti y a los senadores Bernardo Miguel Elías y Musa Besaile, junto con Elsa Mireya Pinzón, que el Gobierno les entregaría el manejo del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (Fonade) como parte de un acuerdo político tras la reelección de Santos.

El Fonade, entidad clave para la contratación de infraestructura en el país, quedó en manos de los congresistas, quienes lo utilizaron como un instrumento de poder. Testimonios de exfuncionarios y documentos de la Corte revelan que Benedetti recomendó a Ariel Alfonso Aduén como director de la entidad y luego influyó en la adjudicación de un contrato por 741 millones de pesos a la empresa Certicámara.

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Uno de los testigos clave en la investigación, Jorge Iván Henao, declaró que Benedetti le solicitó gestionar un contrato para Certicámara. Las pruebas incluyen registros de visitas a Palacio, llamadas entre los involucrados y reuniones en Fonade con la presencia de Mireya Pinzón y el empresario Juan Carlos Santofimio, representante de la empresa beneficiada.

Pese a estas evidencias, la Sala de Instrucción solo decidió acusar a Benedetti por tráfico de influencias y no por interés indebido en la celebración de contratos, debido a la falta de pruebas concluyentes sobre su beneficio personal.

Benedetti ha rechazado la acusación, argumentando que es víctima de una persecución y falta de garantías en el proceso. Sin embargo, la decisión de la Corte lo pone en una posición delicada dentro del gobierno Petro y reaviva el debate sobre la influencia de la política tradicional en la administración pública.

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