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Destituyen e inhabilitan a nueve policías por asesinato de tres jóvenes en Sucre
Un teniente coronel y ocho suboficiales enfrentan severas sanciones tras la muerte de tres jóvenes durante una operación policial en Chochó, Sucre.
La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas drásticas contra varios miembros del departamento de Policía de Sucre, destituyendo e inhabilitando a un oficial y a ocho suboficiales por su implicación en el asesinato de tres jóvenes. Este lamentable suceso ocurrió durante una “operación candado” en el corregimiento de Chochó, Sucre.
Hechos del caso
El incidente se produjo cuando los uniformados, pertenecientes al Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, detuvieron a los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras. Los tres fueron inicialmente arrestados y luego trasladados en un vehículo policial al centro médico más cercano debido a las lesiones que presentaban.
Sin embargo, durante el trayecto hacia la clínica María Reina en Sincelejo, recibieron disparos del teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, quien se encontraba en retiro en ese momento. Lamentablemente, los jóvenes fueron declarados muertos en el centro médico.
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Sanciones impuestas
La Procuraduría ha considerado la conducta del teniente coronel Núñez Jaramillo como una “falta gravísima,” imponiéndole una sanción de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 19 años. Por otro lado, el mayor Cristian Alberto Betancur Salamanca y los suboficiales Eduar de Jesús de la Rosa Juez, Santiago Garavito Díaz, Rafael Paz Barboza, Uber Guillermo Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Marcela Puerta Rodríguez y Leila Carolina Ávila Pestana han sido sancionados por prevaricato por omisión y abuso de autoridad, recibiendo destitución e inhabilitación para cargos públicos por periodos que varían entre 11 y 15 años.
Repercusiones y reacciones
Este caso ha generado una gran preocupación en la comunidad, destacando la necesidad urgente de una revisión y reforma en los procedimientos operativos de las fuerzas policiales para prevenir futuras tragedias. La Procuraduría continúa con su investigación para garantizar que se haga justicia y se mantenga la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.
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