Desarticulan red dedicada al tráfico de migrantes en Bogotá

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo internacional de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, logró la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizada transnacional dedicado al tráfico de migrantes.

Durante la operación fueron capturadas 11 personas, donde se destacan seis funcionarios de la Registraduría, uno de Migración Colombia y los cuatro restantes corresponden a la líder de la organización delincuencial, identificada como Lucía alias 'Lucy' Parra Rojas y tres integrantes de su núcleo familiar.

"Se trata de una red criminal dedicada al tráfico de migrantes, quienes facilitaban la expedición de registros civiles, cédulas de ciudadanía y pasaportes con apariencia legítima, empleando la identidad de ciudadanos colombianos fallecidos", indicó el director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Edwin Masleider Urrego.

Modalidades utilizadas por esta red criminal

Investigadores de la Dijin conocieron que dentro de las modalidades utilizadas por esta red criminal, era falsificar los documentos base o soportes, para la acreditación y expedición de registros civiles de nacimiento colombiano de los padres de los migrantes, falsificación de sellos de cancillerías o consulados, apostillajes, entre otra documentación que también era alterada.

También, se pudo determinar que más de 20.000 registros civiles de nacimiento fueron expedidos por esta organización. "Por lo cual de manera inmediata se dispuso de un grupo de investigadores, quienes hasta la fecha realizaron un análisis exhaustivo de más de 900 registros, de los cuales ya se determinó su ilicitud, en tal sentido se están realizando los trámites pertinentes para decretar su invalidez", indicó el coronel Urrego.

Según las autoridades, durante la investigación se descubrió que esta organización ilegal cobraba aproximadamente entre $30 y $35 millones por cada migrante que utilizaba sus servicios, prometiendo una salida segura del país.

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