"Desaparición forzada solo puede ser juzgada por la justicia ordinaria", Corte Constitucional

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, protegió los derechos a la libertad personal, al acceso a la justicia y al debido proceso de Eduardo y Luis, miembros del Resguardo indígena Yaquivá, en Inzá, Cauca. Los hombres habían sido condenados por esa autoridad indígena tras ser acusados de la desaparición forzada de Francisca, esposa de Eduardo, ocurrida en 2016.

El caso llegó a la Corte luego de que familiares de Eduardo y Luis alegaran que sus derechos fueron vulnerados, argumentando que el resguardo los juzgó sin permitirles defenderse ni presentar pruebas durante el proceso. La desaparición de Francisca fue denunciada ante la Fiscalía por su madre, lo que desencadenó la investigación por parte de la autoridad indígena.

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Según el Alto Tribunal, el resguardo ignoró la norma que establece que los delitos de desaparición forzada deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria, no por jurisdicciones especiales, como la indígena. 

Colombia, como signataria de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, está obligada a juzgar estos delitos en tribunales de derecho común, excluyendo cualquier jurisdicción especial.

Asimismo, la Corte concluyó que no se garantizó el derecho de defensa de los acusados, ya que no se les permitió presentar pruebas adecuadamente. En el caso de Luis, no se le dio la oportunidad de testificar sino hasta la fase final del proceso. Además, se evidenció que tanto Eduardo como Luis desconocían el expediente y las pruebas en su contra, lo que les impidió preparar una defensa adecuada.

Por estas razones, la Corte anuló las decisiones tomadas por la Asamblea de Comuneros del Resguardo y ordenó que el caso sea transferido a la Fiscalía Séptima de Popayán, la cual deberá reabrir la investigación penal contra los dos comuneros, incluyendo el análisis de posibles delitos de desaparición forzada y violencia de género en el caso de Francisca.

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