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Demoras en contrataciones del ICBF pone en riesgo 1.2 millones de menores en Colombia
La Procuraduría emite alertas sobre la falta de agilidad en procesos de contratación, poniendo en peligro los derechos de niños y madres gestantes en todo el país.
En una situación alarmante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) enfrenta serias demoras en la contratación de servicios del Programa de Primera Infancia, lo que pone en riesgo a aproximadamente 1.2 millones de menores en todo el territorio nacional.
La Procuraduría ha encendido las alarmas tras un exhaustivo barrido por diversas zonas del país, revelando graves problemas en los procesos de selección de operadores, suscripción de contratos y ejecución de los mismos por parte del ICBF.
¿Por qué el ICBF presenta demoras en contrataciones?
La falta de agilidad en estos procesos ha generado inconvenientes significativos para los derechos de niños, niñas y madres gestantes, según constató la Procuraduría en diligencias de seguimiento. Se evidencia una falta de planeación y capacidad por parte del ICBF para implementar el nuevo modelo de contratación del servicio, quedando insuficiente ante la magnitud de la continuidad del Programa de Primera Infancia.
Es destacable que desde finales del año 2023, el ICBF debería haber avanzado significativamente en los procesos de contratación. Sin embargo, esto no sucedió, agravando la situación al carecer de un plan B que previera la prestación del servicio.
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¿Qué consecuencias puede tener la demora en contrataciones del ICBF?
La Procuraduría alerta sobre las consecuencias palpables de esta demora, como el impacto en la Guajira, donde al menos 44.000 niños de la comunidad wayúu sufren la falta del Programa de Primera Infancia. Este programa, que abarca educación inicial, alimentación nutritiva, acompañamiento a las familias y entornos protectores, es vital para el bienestar de la población infantil.
De las 1,325 zonas ofertadas para que el ICBF preste sus servicios, a fecha del 26 de febrero de 2024, se han declarado desiertas 240 zonas. Además, de las zonas seleccionadas, ni siquiera se han suscrito los respectivos contratos ni se ha iniciado la ejecución de estos, generando incertidumbre y preocupación.
Ante este panorama, la Procuraduría hace un llamado urgente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para agilizar la contratación de servicios en pro de la defensa de los derechos de la población infantil. La atención a esta problemática se vuelve crucial para garantizar un futuro adecuado y protegido para los niños y madres gestantes en Colombia.
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