Dejan al descubierto entramado criminal que direccionó fallos judiciales en el Atlántico

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que puso al descubierto un entramado criminal el cual, presuntamente, direccionó seis fallos judiciales en el departamento del Atlántico.

El trabajo investigativo logró determinar que, entre abril y agosto de 2014, la procuradora delegada Faicy León Mass, la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo y los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola y Sindris María Benthan Arias, crearon un entramado de corrupción en el Atlántico que terminó favoreciendo a particulares.

Por el entramado un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a la procuradora León Mass por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio, asimismo, imputó a la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, Navarro Lobo, por cohecho impropio y cohecho propio.

Además, acusó a los cuatro abogados, Sierra Nerio, Bustamante Toscano, Yina Paola y Benthan Arias, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

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"La investigación da cuenta de varios eventos en los que los procesados habrían intervenido. Inicialmente, se conoció que los abogados, al parecer, le dieron $10 millones a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga a efectos de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados", explicó la Fiscalía.

De otra parte, el ente investigador estableció que Navarro Lobo proyectó una sentencia en la que el Tribunal Administrativo de Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas, decisión que fue avalada por la procuradora León Mass. Al parecer, en estas actuaciones medió la entrega de $12 millones repartidos entre las dos funcionarias.

"En otro hecho, la servidora del tribunal presuntamente acordó que recibiría $20 millones para promover un fallo de segunda instancia que declarara responsable a la Policía Nacional por el posible actuar irregular de un uniformado que dejó varias personas afectadas", comentó el ente de control.

Finalmente, la procuradora y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de proyectar y suscribir un fallo de primera instancia.

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