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Corte Suprema ha citado a declarar a destacados funcionarios gubernamentales por caso Sneyderpolítica
Carlos Ramón González, director de Inteligencia; Carlos Carrillo, director de Gestión del Riesgo; Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, son algunos nombres citados.
La Corte Suprema de Justicia ha intensificado su investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña política que llevó al poder a actuales líderes del Congreso.
Por lo que ha citado a declarar a destacados funcionarios gubernamentales, entre ellos Carlos Ramón González, director de Inteligencia; Carlos Carrillo, director de Gestión del Riesgo; Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones; y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Además, ha dispuesto inspecciones en el Congreso de la República y en la Unidad de Gestión del Riesgo para recolectar información crucial que sustente la investigación.
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Los principales implicados en el caso son Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Se les acusa de haber recibido grandes sumas de dinero de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Gestión del Riesgo, con el fin de impulsar las reformas sociales del gobierno y asegurar posiciones clave en las próximas elecciones regionales.
El magistrado Francisco Farfán ha ordenado una serie de pruebas para determinar si existe mérito suficiente para proceder formalmente contra los dos congresistas. Según reportes, Pinilla, siguiendo órdenes del exdirector Olmedo López, habría transferido aproximadamente $4.000 millones para influir en las decisiones legislativas del Congreso.
Un elemento explosivo en este caso son las conversaciones de WhatsApp entre Pinilla y Calle, que sugieren un encuentro clandestino en un apartamento en Montería, donde se habrían entregado $1.000 millones. Mientras Calle ha optado por el silencio, Name ha negado categóricamente haber recibido $3.000 millones, defendiendo la transparencia de sus actos políticos.
La Corte Suprema ahora procede a inspeccionar el expediente de la Procuraduría para evaluar todas las pruebas recolectadas.
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