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Corte Constitucional ordena traslado inmediato de condenados en estaciones de Policía a cárceles
La medida prioriza a mujeres embarazadas y adultos mayores, y busca mejorar la infraestructura de los centros de detención transitoria por hacinamiento.
La Corte Constitucional ha tomado medidas decisivas, ordenando al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación que trasladen de manera inmediata a los privados de la libertad condenados que se encuentran en estaciones de Policía hacia las cárceles del país.
La alta corte subrayó que la situación en los centros de detención transitoria sigue siendo una tragedia humanitaria, debido a las precarias condiciones en las que viven los detenidos. En su fallo, la Corte priorizó el traslado de mujeres embarazadas y adultos mayores, y además pidió la creación de un plan de intervención para mejorar la infraestructura y la habitabilidad de estos centros de detención.
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En la cumbre de alto nivel celebrada el pasado 17 de junio en el Palacio de Justicia, específicamente en la Corte Suprema de Justicia, se reportó que alrededor de 27,000 personas privadas de la libertad estaban detenidas en estaciones de Policía. En esta reunión, se acordó con los alcaldes de las principales ciudades mejorar la conectividad en estas estaciones para facilitar la realización de audiencias virtuales, particularmente aquellas relacionadas con la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medidas de aseguramiento.
La Corte también ha ordenado al Inpec, con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, trasladar a todas las personas privadas de la libertad que tienen medidas de detención preventiva o prisión domiciliaria pendientes al lugar correspondiente para cumplir dichas medidas.
Asimismo, la Corte Constitucional ha pedido a la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia que adopten medidas para garantizar el acceso a la información, permitiendo así a los entes de control ejercer una veeduría adecuada en las cárceles del país.
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