Corte Constitucional evalúa legalidad de la declaratoria de emergencia en La Guajira

En un importante giro de eventos, la Corte Constitucional de Colombia está considerando anular la declaratoria de emergencia social y económica en La Guajira, establecida por el presidente Gustavo Petro el pasado 29 de junio. 

Esta medida, tomada en respuesta a las crecientes preocupaciones climáticas y la persistente falta de acceso a agua potable en la región, ha sido objeto de intenso escrutinio.

El presidente Petro, al emitir la declaración desde La Guajira, subrayó la urgencia de abordar las amenazas climáticas y las carencias estructurales en el departamento. 

Citó previos fallos de la misma Corte, en particular la sentencia T-302 de 2017, que había identificado situaciones inconstitucionales en la región. "La Corte Constitucional nos ha exhortado constantemente a actuar en favor de los ciudadanos guajiros, y en especial de las niñas. Solicitamos su respaldo en este esfuerzo que requerirá una considerable inversión del presupuesto nacional", manifestó Petro desde el norte del país.

Sin embargo, pese a la vehemente defensa del mandatario, fuentes cercanas a la Corte sugieren que hay posibilidades de que la declaratoria sea revertida. El epicentro de esta discusión se llevará a cabo el martes 26 de septiembre, cuando la Sala Plena estudie la ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, la cual busca determinar la legalidad del decreto 1085, ratificado por el gabinete completo de Petro el 2 de julio.

Según información preliminar, la ponencia de la magistrada Ángel podría favorecer la postura de Petro. Argumenta que la justificación presentada por el Ejecutivo es robusta y apunta a la necesidad imperante de medidas especiales para La Guajira. 

Expertos y académicos han corroborado la urgencia de atender la crisis humanitaria en el departamento, exacerbada por fenómenos climáticos como El Niño.

A pesar de este aparente respaldo, existen voces disidentes en el tribunal. Algunos magistrados argumentan que las medidas propuestas por Petro pueden ser inconstitucionales, ya que pueden infringir el principio de separación de poderes. 

Estos magistrados cuestionan la necesidad de una intervención tan drástica y sugieren que la situación podría ser mejor manejada a través de políticas públicas adecuadas.

De ser anulada la declaratoria, se prevé que la Corte podría otorgar al Gobierno un período determinado, posiblemente de un año, para mantener el estado de excepción en La Guajira.

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