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Corte Constitucional aprueba el Acuerdo de Escazú
Alto Tribunal dio luz verde al Acuerdo por unanimidad. Detalles de la trascendental decisión.
La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Ibáñez, avaló por unanimidad la ley que aprueba el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional destinado a garantizar el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales.
El Alto Tribunal concluyó que el acuerdo, que promueve la participación pública y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe, cumplió con los requisitos legales tanto del gobierno como del Congreso para su aprobación.
¡Celebramos una victoria por la vida y la #PazConLaNaturaleza!
— WWF Colombia (@WWFColombia) August 29, 2024
La ratificación del #AcuerdoDeEscazú nos impulsa hacia un futuro más justo y sostenible, que garantiza la protección de quienes arriesgan todo por nuestro planeta: https://t.co/TrFdgy5yNM pic.twitter.com/RRFkUrluys
El Acuerdo de Escazú estuvo en riesgo de no ser aprobado debido a debates sobre la necesidad de realizar consultas previas con comunidades étnicas y su posible impacto en proyectos de hidrocarburos con licencias ambientales vigentes.
Sin embargo, la Sala Plena de la Corte verificó que todos los requisitos formales de validez para la aprobación de un tratado internacional fueron cumplidos, permitiendo que el acuerdo avance.
Asimismo, la Corte subraya que la regulación contenida en el Acuerdo de Escazú se centra en garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en temas ambientales. Además, busca reafirmar el compromiso de establecer un entorno seguro para los defensores del medio ambiente, protegiendo su labor y asegurando que puedan desempeñarse en condiciones seguras.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú, adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, es el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente en América Latina y el Caribe.
Este instrumento internacional histórico reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, y establece disposiciones para garantizar el acceso a la información, la justicia ambiental y la participación en la toma de decisiones ambientales.
Además, es el primer tratado en el mundo que incluye medidas específicas para proteger a los defensores de derechos humanos en temas ambientales.
El Acuerdo representa el compromiso de América Latina y el Caribe con un desarrollo más igualitario, más justo y más sostenible.
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