Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, exige investigar supuestas interceptaciones a magistrados

La Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ expresó su preocupación por la divulgación de una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en donde asegura que siente su teléfono interceptado y seguimientos.

La organización indicó que de confirmarse estos hechos: “Representan una seria amenaza para la institucionalidad y para la
democracia, comprometiendo gravemente la independencia y la autonomía judicial”.

Por esta razón la CEJ instó a las autoridades a obtener resultados rápidos y eficientes para esclarecer estas lamentables circunstancias. “Por ello, solicita a la Fiscal General, doctora Luz Adriana Camargo, ya informada de estos graves acontecimientos, a que se realicen a profundidad por parte del ente acusador las urgentes investigaciones sobre estos
hechos, y que de sus resultados se dé cuenta a la ciudadanía”, resaltó la CEJ en un comunicado.

Asimismo, la CEJ reiteró que la justicia es un pilar fundamental de la democracia. “Cualquier afectación o intimidación a sus integrantes no solo perturba la institucionalidad, sino que constituye una grave afrenta al Estado Social de Derecho”.

Y es que La Corte Constitucional de Colombia convocó a Sala Plena el miércoles 19 de junio en el Palacio de Justicia, con la presencia de los nueve magistrados del tribunal supremo. 

Durante este encuentro, se presentó un tema relacionado con la seguridad de algunos miembros del tribunal. Se trataba de información que apuntaba a posibles interceptaciones ilegales al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, posesionado en el cargo el 7 de octubre de 2020 por el entonces presidente Iván Duque.

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Ante esta situación, los magistrados decidieron solicitar la intervención de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. 

Ella fue invitada a la sesión plenaria para ser informada sobre estas preocupaciones. 

Una vez puesta al tanto, la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Camargo, quedó encargada de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer y dar seguimiento a estas denuncias de interceptaciones.

La situación coincidió con un debate de control político que se llevó a cabo en el Senado, centrado en la gestión y las políticas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). 

El senador David Luna fue el encargado de liderar este debate, durante el cual formuló un conjunto de 20 preguntas al director de la DNI, Carlos Ramón González. 

Las preguntas buscaban clarificar si la DNI había tenido acceso a documentos confidenciales y si estos habían sido entregados por el Gobierno nacional.

En respuesta a las indagaciones del Senado, González negó cualquier acceso inapropiado a la información y aseguró que el Gobierno actual no practica políticas de interceptación dirigidas a los miembros de la oposición. 

Sin embargo, apuntó hacia la administración anterior, bajo el presidente Duque, acusándola de haber catalogado a varias embajadas extranjeras, incluidas las de Rusia, Venezuela y Cuba, como "objetivos de inteligencia".

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