Contraloría General apelará fallo sobre caso Reficar

La Contraloría General de la República anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia emitida por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso relacionado con el fallo de responsabilidad fiscal sobre el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar).

Según el organismo de control, el fallo inicial acreditó los elementos necesarios para la responsabilidad fiscal, destacando que el aumento de los costos de ejecución del proyecto de modernización de Reficar y los retrasos en su cronograma provocaron una pérdida de recursos públicos. 

Esta situación, señala la Contraloría, es atribuible tanto a la administración de la refinería como a su junta directiva y a los contratistas involucrados.

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No obstante, la decisión del Tribunal, adoptada por mayoría (dos de tres) concluyó que el daño patrimonial al Estado no fue probado. Según el fallo, la inversión autorizada en el Control de Cambios dos no puede ser considerada fuente de daño patrimonial al no ser comparada con la inversión física del proyecto. Además, el Tribunal determinó que no se demostró la conducta específica que habría generado el detrimento.

Uno de los magistrados salvó su voto, señalando que no se realizó un análisis probatorio adecuado en la decisión. En respuesta, la Contraloría argumentó que el daño fiscal y las pruebas correspondientes están documentados en el expediente administrativo y que es fundamental que el Consejo de Estado evalúe la controversia en segunda instancia.

El recurso de apelación, amparado por el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo, busca que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dirima el caso, apreciando integralmente las pruebas y determinando la responsabilidad en uno de los mayores escándalos fiscales del país.

Vale recordar, que este martes 10 de diciembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló gran parte de esa decisión. 

Según el fallo de primera instancia, la modernización de la refinería no generó pérdidas para el Estado, cuestionando la base de las acusaciones del ente de control.

La resolución, liderada por el magistrado Felipe Solarte, favoreció a Hernando José Gómez, exmiembro de la junta directiva de Reficar, quien demandó a la Contraloría. La defensa de Gómez argumentó que los aumentos presupuestarios, que llevaron el proyecto de US$3.777 millones a US$8.016 millones, fueron legales y necesarios para el avance técnico del proyecto.

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