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Condenan a excomandante del Batallón Palacé por masacre en Buga

Según la Fiscalía, el coronel en retiro Jorge Alberto Amor Páez omitió su deber de proteger a la población civil en 2001.

Jorge Alberto Amor Páez
Por Agencia Periodismo Investigativo | Dom, 07/01/2024 - 09:54 Créditos: Imagen tomada de El Espectador

El Tribunal Superior de Buga (Valle del Cauca) emitió una condena ejemplar de 31 años y 11 meses de prisión contra el coronel en retiro Jorge Alberto Amor Páez, excomandante del Batallón Palacé del Ejército Nacional. La sentencia revocó un fallo de primera instancia que había absuelto al oficial y lo declaró responsable del delito de homicidio en persona protegida por su participación en una masacre que dejó 24 personas muertas el 10 de octubre de 2001 en zona rural de Buga.

El coronel Amor Páez fue encontrado culpable de omitir su deber de proteger a la población civil y facilitar el actuar de una estructura paramilitar vinculada a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La incursión violenta de esta estructura en las veredas La Habana, Alaska y La Magdalena resultó en el asesinato de pobladores señalados erróneamente de colaborar con otras organizaciones criminales en la región.

La condena impuesta al excomandante incluye, además, una multa de 2.230 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 15 años y 10 meses. Asimismo, se ordenó la captura inmediata para que cumpla su pena en un establecimiento carcelario.

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La investigación, llevada a cabo por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, demostró que el coronel Amor Páez desatendió denuncias previas de la comunidad sobre patrullajes y hostigamientos de grupos paramilitares en la región. En su calidad de comandante del Batallón Palacé, no cumplió con su obligación constitucional de proteger a la población civil y no tomó medidas para controlar la situación en los puntos críticos reportados por los campesinos.

La condena ejemplar se obtuvo conforme a los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal) y representa un hito en la búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto armado en Colombia.

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