Condenados por lavar dinero de implicado en atentado a la General Santander

Un juez penal especializado de Bogotá, condenó a Anyi Daniela Martínez Buitrago, y los hermanos Luis Sebastián y Carlos Felipe Mateus Vargas por el lavado de altas sumas de dinero que serían producto de las actividades ilícitas del Frente de Guerra Oriental del Eln.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos estableció que como representantes de empresas de quesos, movieron recursos millonarios sobre los cuales no pudieron justificar su origen.

Además, el ente investigador pudo establecer que los condenados realizaron múltiples transacciones a Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, quien estaría involucrado en varias acciones criminales del Eln como el atentado contra la escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander, el 17 de enero de 2019.

#ATENCIÓN | Condenadas tres personas que lavaron millonarias sumas de dinero en favor de uno de los procesados por el atentado a la Escuela de Policía General Santander. Se trata de Anyi Daniela Martínez Buitrago, y los hermanos Luis Sebastián y Carlos Felipe Mateus Vargas. pic.twitter.com/5JeRsPxz1L

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 23, 2022

El juez penal condenó a Anyi Daniela Martínez Buitrago, a siete años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. En calidad de administradora de una empresa de lácteos y creadora de una comercializadora hizo cerca de 120 consignaciones a Arévalo Hernández, en las cuales se detectó una operación de blanqueo y enriquecimiento ilícito por más de $1.084 millones

Asimismo, condenó a Luis Sebastián Mateus Vargas. siete años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Como administrador de una distribuidora de quesos realizó, entre 2013 y 2018, 24 consignaciones por más de $258 millones en favor de alias Chaco.

Y Carlos Felipe Mateus Vargas, deberá cumplir una pena de cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Entre 2012 y 2015, realizó 116 consignaciones por $906 millones al implicado en el atentando a la General Santander.