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CIDH presiona a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal general en Colombia
“Corte Suprema de Justicia debe culminar la selección de titular de la Fiscalía General de la Nación, sin interferencias”, asegura el organismo internacional.
En un hecho sin antecedentes, desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, requirió a la Corte Suprema de Justicia de Colombia a fin de que elija fiscal general de la nación.
El pronunciamiento surge un día después de la terminación del periodo del fiscal Francisco Barbosa.
No es la primera vez que la Fiscalía entra en un periodo de interinidad, esto sucedió en las últimas cuatro elecciones de fiscal:
Elección Vivian Morales (2010): interinidad previa de 16 meses a cargo de Guillermo Mendoza Diago. 16 rondas de votaciones con terna de Uribe y luego 3 rondas con la terna de Santos.
Elección Eduardo Montealegre (2012): interinidad previa de 3 semanas a cargo de Martha Lucía Zamora. Elegido luego de 11 rondas de votaciones.
Elección Néstor Humberto Martínez (2016): interinidad previa de 4 meses a cargo de Jorge Fernando Perdomo. Elegido después de 4 rondas de votaciones.
Elección Francisco Barbosa (2020): interinidad previa de 8 meses a cargo de Fabio Espitia. Elegido luego de 5 rondas de votaciones.
A continuación el texto completo del comunicado del organismo internacional.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue de cerca el proceso de selección de la nueva persona Fiscal General de la Nación de Colombia. En este marco, recuerda que la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano.
Según el cronograma oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023. Esto tras el envío oportuno por parte de la Presidencia de la República de una terna integrada por personas de reconocida idoneidad profesional para el cargo, el 2 agosto pasado. Sin embargo, debido a la falta de quórum y, posteriormente, a la falta de acuerdo político entre las personas magistradas, la institución quedará bajo un mandato interino a partir del 12 de febrero de 2024, fecha en la que culminó el periodo del anterior Fiscal General.
En ese contexto, el 8 de febrero, se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país que, con excepción de momentos de desorden en Bogotá y Medellín, fueron catalogadas como pacíficas, según información presentada por el Estado. En relación a las manifestaciones en las inmediaciones de la sede del Palacio de Justicia, el Estado informó que ninguna persona magistrada o funcionaria del Palacio de Justicia fue objeto de agresiones físicas; y que, la Policía Nacional brindó seguridad y facilitó la salida del personal de las instalaciones, sin que se presentaran anomalías. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas.
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La CIDH registró distintas versiones oficiales sobre la protesta que van desde considerarla como un ejercicio ciudadano mayormente pacífico, hasta calificarla como una forma de asedio y amenaza a la independencia de la justicia.
En esta oportunidad, la Comisión destaca que la Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía.
Según los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, el proceso de selección debe realizarse, con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito. Además, dicho proceso debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas.
Por lo tanto, la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible. Asimismo, insta al Poder Ejecutivo a garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Finalmente, hace un llamado a todos los estamentos del Estado a priorizar la institucionalidad democrática colombiana en el ejercicio de sus funciones.
La Comisión toma nota del compromiso presentado por el Estado de que, a través del Poder Ejecutivo, se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuará monitoreando esta situación con el apoyo de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia”.
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