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Caso Meritage: Colombia gana pleito y se salva de pagar US$300 millones

Pormenores de la trascendental decisión.

Proyecto Meritage
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 27/06/2024 - 14:36 Créditos: http://royalpropertygroup.co

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió este jueves una sentencia absolutoria en favor de Colombia en el denominado caso Meritage. En este pleito, el inversionista estadounidense Ángel Samuel Seda solicitaba US$389 millones, equivalentes a más de un $1 billón.

El Estado colombiano no fue declarado responsable por el Ciadi de violar los derechos de los inversionistas que participaron en el proyecto inmobiliario Meritage. Este proyecto quedó reducido a obra gris en la vía que va de Medellín a Rionegro debido a una investigación de extinción de derecho de dominio realizada por la Fiscalía en 2016.

El empresario recibió conceptos técnicos de prestigiosas firmas que indicaban que los terrenos no presentaban problemas. Sin embargo, en 2016, el ente acusador inició un proceso de extinción de dominio sobre 55 hectáreas, señalando que en realidad pertenecían a Iván López, un presunto integrante de la Oficina de Envigado, quien fue extraditado y luego alegó haber sido despojado por ese grupo ilegal.

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"Es la primera vez en la historia que un país logra ganar la Excepción de Seguridad Esencial, es decir, que el estado pueda adoptar medidas legítimas de extinción de bienes para proteger los bienes de un país de cara a un flagelo como el narcotráfico", indicó el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Jhon Camargo, al diario El Tiempo.

En noviembre de 2023, el Ciadi recibió los últimos documentos de ambas partes y estaba próximo a tomar una decisión crucial. Sin embargo, en marzo pasado, el actual director (e) de la Andje, Jhon Camargo, envió un documento urgente para defender la decisión de Colombia de iniciar un proceso contra los bienes de Ángel Seda. Esta fue una jugada clave en el largo y delicado proceso de defensa que la entidad ha llevado a cabo desde 2018.

La decisión evita que la Nación tenga que pagar más de US$300 millones a los inversionistas estadounidenses, quienes reclamaban esa cantidad por la pérdida de un lujoso complejo inmobiliario.

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