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Caso Marelbys Meza: Fiscalía llama a juicio a cuatro uniformados de la Policía

Los cuatro uniformados serán acusados por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, entre otros.

Marelbys Meza
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 12/01/2024 - 16:39 Créditos: Captura de pantalla

El capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y los patrulleros Jhon Fredi Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla, fueron llamados a juicio por las interceptaciones ilegales (chuzadas) a Marelbys Meza, exniñera de los hijos de Laura Sarabia.

Según la Fiscalía, los cuatro uniformados serán acusados por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que los integrantes de la Policía Nacional, en ejercicio de sus cargos, estarían involucrados en diferentes actuaciones irregulares para obtener las órdenes de interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia.

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En ese contexto, el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas supuestamente emplearon información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), la autorización para intervenir dos líneas telefónicas que se presumía pertenecían a alias 'La Madrina' y alias 'La Cocinera', señaladas como colaboradores del 'Clan del Golfo'.

"Los elementos de prueba indican que los dos números celulares en realidad pertenecían a Marelbys Meza Buelvas, exniñera de la casa de la exjefe de Gabinete; y a otra mujer que cumplió funciones domésticas para la funcionaria", dice la Fiscalía.

El ente investigador estableció de esta manera que los uniformados habrían inducido en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones.

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