Auditoría de la Secretaría de la Transparencia detecta $4.200 millones perdidos en Fondo de Víctimas

La Unidad para las Víctimas ha revelado preocupantes irregularidades en la gestión de los recursos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que han ocasionado un detrimento patrimonial que supera los 4.200 millones de pesos. 

Este descubrimiento proviene de una auditoría forense realizada por la Secretaría de Transparencia, solicitada por Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, tras detectar manejos inadecuados en la administración de los bienes a cargo del Fondo para la Reparación a las Víctimas.

La investigación forense ha puesto al descubierto que, entre los años 2018 y 2022, se perpetraron prácticas indebidas que afectaron gravemente los fondos asignados para los damnificados del conflicto, con pérdidas que ascienden a más de 4.200 millones de pesos. 

Un aspecto alarmante de la auditoría señala que no se tuvo en cuenta el área total de los inmuebles al calcular los valores de arrendamiento, lo que ocasionó una pérdida de 3.786 millones de pesos. 

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Además, se evidenció que algunos arriendos se aprobaron con valores distorsionados, lo que evidencia una flagrante falta al principio de transparencia.

Otro dato preocupante es la manipulación de contratos por parte de grupos de contratistas que, alterando los nombres de sus empresas, lograron acaparar adjudicaciones por más de 84.000 millones de pesos. 

Asimismo, se detectó que se realizaron estimaciones de cánones de arrendamiento sin el debido soporte, sin visitas de campo que validaran las condiciones de los inmuebles, lo que cuestiona la veracidad y el respaldo de estos cálculos.

En cuanto a los contratos específicos, se señalan varias anomalías. Por ejemplo, el contrato 131 de 2018 con la Unión Temporal Geopass y el contrato 096 de 2020, donde se evidencian pagos injustificados y falta de evidencia sobre la realización de las actividades contratadas. 

También se cuestiona la renovación de contratos para actualizar diagnósticos que ya habían sido realizados previamente, lo que sugiere una redundancia innecesaria y posiblemente fraudulenta.

En respuesta a estas irregularidades, la Unidad para las Víctimas ha emprendido una serie de medidas correctivas, incluyendo un inventario exhaustivo de los bienes del Fondo, inspecciones en terreno y la recuperación de predios ocupados ilegalmente. 

Se han incrementado los esfuerzos para regularizar los arrendamientos y recuperar fondos, y se ha avanzado en la digitalización de los archivos para asegurar la conservación de la información vital de los bienes administrados.

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