Armando Benedetti recusa a la magistrada Cristina Lombana

En un hilo en la red social X, el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, informó que su defensa recusó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, por lo que la audiencia que estaba programada para este martes 15 de agosto tuvo que ser aplazada.

La togada que está a cargo de la investigación del exsenador por el conocido caso Fonade, había rechazado la solicitud planteada por el defensor de Benedetti. En ese punto la defensa pedía posponer la audiencia programada para el martes 15 de agosto a las 8:30 a.m., en la sede de la Sala de Instrucción del Alto Tribunal. 

Sin embargo, después de conocerse la negativa, la defensa del Benedetti presentó una recusación en contra de la magistrada por lo que se vio en la necesidad de posponer la diligencia programada.

"Ya que siguen las filtraciones desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana, aclaro: Mi defensa presentó una recusación en su contra por hechos insólitos y sin precedentes en el derecho: Primero, retuvo arbitrariamente tres expedientes por un año sin ser competente para ello", afirmó Benedetti.

Sumó, además, "Segundo, libró una orden de trabajo para conocer y auditar cómo el fiscal competente en ese momento manejaba el caso, cuestionando sus acciones y dejando claro en sus decisiones (sin competencia) que no es un juez imparcial. De hecho da muestras de considerarme culpable".

Y argumentó "Todo esto configura una grave extralimitación de sus funciones y una violación de mis derechos por parte de quien debería ser un juez imparcial. Confío en la Corte Suprema de Justicia y su buen juicio para sacar adelante mis procesos".

Por último pidió ser investigado y no perseguido por parte de la magistrada Lombana. "Espero que la Honorable Sala de Instrucción evalúe estos hechos irregulares y me garantice un juez imparcial. En cualquier caso, la decisión que adopte la Sala será acatada, y ante quien ellos dispongan seguiré afirmando mi inocencia".

Este proceso judicial está relacionado con la polémica adjudicación, en agosto de 2017, de un contrato millonario por parte del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, a la empresa Certicámaras, mediante un proceso cuestionado de asignación directa.