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Alertan posible crisis alimentaria en centros de detención transitoria
Más de 13.000 personas privadas de la libertad quedarían sin alimentación desde el 30 de junio si las entidades territoriales no asumen el servicio.
La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la inminente finalización del servicio de alimentación para al menos 13.314 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en Centros de Detención Transitoria de 125 municipios, a partir del 30 de junio de 2025.
Actualmente, este servicio es financiado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), pero, por disposición legal, deberá ser asumido por las entidades territoriales.
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El organismo de control señaló que, a pesar de que la ley estableció el 31 de diciembre de 2024 como plazo para que los municipios presentaran sus planes de implementación del servicio de alimentación ante el ministerio de Justicia, solo 59 han cumplido con este requisito hasta el 24 de febrero de 2025.
Los procuradores delegados para los Derechos Humanos y Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Néstor Osuna y Samuel Arrieta, recordaron que las administraciones locales tienen la responsabilidad de incluir en sus presupuestos los gastos para el funcionamiento de los centros de detención transitoria, garantizando condiciones dignas para la población sindicada, incluyendo la provisión de raciones alimenticias.
Ante la posibilidad de una crisis humanitaria, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel el próximo 27 de febrero.
En este espacio se evaluarán los avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en estos centros, especialmente en lo relacionado con el suministro mínimo de alimentación para los detenidos.
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