Publicidad
Publicidad
Urbanización ilegal en terrenos de protección ambiental: a la cárcel seis integrantes de organización
Particularidades de la decisión de la justicia.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a seis posibles integrantes de una organización delincuencial que desde enero de 2022 se habría dedicado a la comercialización de tierras ubicadas en zonas de protección y de recuperación
de fuentes hídricas del río Guatiquía.
Se trata de José Jairo Riveros Medina, presunto cabecilla de la organización ilegal; Blanca Yamile Vergara Jaimes y Edwin Abel Mendoza, quienes se desempeñarían como comisionistas y encargados de vender los lotes.
También fueron judicializados Cristian Camilo Romero Pérez, Luis Heberto Leyton Brito y Álvaro Malaver Aros. Según la investigación, la red ilegal provocaba incendios forestales para arrasar la capa vegetal, luego de lo cual parcelaban los terrenos y comercializaban lotes como parte de un proyecto urbanístico.
También se determinó que usaron maquinaria amarilla para afectar la cobertura boscosa y construir vías ilegales que les permitieran facilitar el acceso a estas zonas.
Lea también (Antonio Char deja presidencia del Grupo Olímpica; se avecina revolcón)
#Empresas Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento a seis posibles integrantes de una organización delincuencial que se habría dedicado a la comercialización de tierras ubicadas en zonas de protección y de recuperación de fuentes hídricas. pic.twitter.com/Mkre9xPqFd
— Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) July 26, 2024
En poder de los procesados fueron encontradas tres armas de fuego con las que amenazaban y extorsionaban a quienes se atrevían a opinar en contra de esta actividad.
Mediante estas acciones la red criminal habría alcanzado a comercializar más de 700 lotes de terreno, cuyos valores individuales en muchos casos llegaban a los 60 millones de pesos, generando rentas ilegales por, al menos, 42.000 millones de pesos.
El ente acusador evidenció que con estas acciones la estructura criminal causó graves daños al ambiente, pues generó una disminución de la población de fauna y flora silvestre, se afectaron las fuentes hídricas y la zona natural protegida.
Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los procesados los punibles de: invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, urbanización ilegal, extorsión y daño en los recursos naturales y ecocidio.
Otras noticias:
Etiquetas
