Ultimátum al ministerio de Ambiente por retrasos en trámites de sustracción de reservas forestales

La Procuraduría General de la Nación, luego de recibir la información solicitada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la relación del número de solicitudes de sustracción presentadas durante los años 2021, 2022 y 2023 y lo que va del 2024, destacó que se evidenció una “ineficiente actuación por parte de esa cartera ministerial al cotejar el número y fecha de las solicitudes con el tiempo transcurrido y las sustracciones otorgadas”. 

El organismo de control recordó que, de conformidad a la Resolución No. 110 de 2022, el Ministerio no puede superar el termino de quince días para resolver las solicitudes de sustracción. 

Para el Ministerio Público resulta preocupante queun número significativo de las solicitudes presentadas en el año 2023 y de lo corrido de 2024, no se han resuelto, ya que se deben a la necesidad de ampliar áreas de Distrito Regional de Manejo Integrado en el Valle del Cauca, con el fin de cumplir con los objetivos de “La Ruta declaratoria de áreas protegidas”, como parte de los compromisos adquiridos por Colombia en el Convenio sobre Diversidad Biológica.

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La Procuraduría Delegada para para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios recordó que, este ministerio como organismo rector de la gestión del medio ambiente y cabeza de sector ambiental en nuestro país, “debe ser la primera entidad en promover e impulsar este tipo de acciones ante las demás autoridades regionales, por ser una de las estrategias más importantes para asegurar la conservación de los valores naturales, culturales y los servicios ecosistémicos en nuestro territorio”.
 
El ente de control, además, reiteró que, de acuerdo al Programa Temático de Áreas Protegidas, se deben hacer esfuerzos para establecer y mantener sistemas de áreas protegidas eficazmente manejadas y áreas en las que es necesario adoptar medidas especiales para conservar la diversidad biológica. Así mismo, insistió que esta mora en su otorgamiento está generando graves afectaciones sociales y económicas. 

Finalmente, la Procuraduría exhortó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a cumplir cabalmente con sus deberes constitucionales y legales, pues con los datos referidos se evidencia una morosidad que sobrepasa los límites permisibles, advirtiendo de igual modo, que no es opcional para los funcionarios públicos cumplir con los términos establecidos en las normas que regulan los tramites que tienen bajo su competencia. 

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