Red de Veedurías denuncia penalmente a Urbaser por delitos ambientales

La Red de Veedurías de Colombia anunció la radicación de una denuncia penal en contra de la empresa Urbaser S.A. E.S.P. por presuntos delitos ambientales y el incumplimiento de resoluciones judiciales. 

Además, se solicitó medida de aseguramiento contra Pablo Felipe Arango, actual gerente general, y Humberto Rodríguez Cobo, exgerente, señalados por fraude procesal y fraude a resoluciones judiciales.

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Según la denuncia, Urbaser habría incurrido en irregularidades en la recolección y disposición final de residuos en varios rellenos sanitarios, afectando gravemente el medio ambiente y poniendo en riesgo la salud de comunidades vulnerables en regiones como Córdoba, donde residen poblaciones indígenas y zonas ganaderas. Los señalamientos incluyen el manejo inadecuado de lixiviados, lo que ha contaminado ríos y afluentes clave en ciudades como Montería, Popayán, Tunja, y municipios como Soacha y Caucasia.

Diferentes autoridades, incluyendo tribunales administrativos, el Consejo de Estado y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), han emitido decisiones contra Urbaser por estas irregularidades. No obstante, la Red de Veedurías denuncia que la empresa ha incumplido repetidamente estas disposiciones, agravando los daños ambientales y sociales.

Entre las acusaciones más graves está la contaminación de fuentes hídricas que desembocan en ríos principales, afectando cultivos, ganado y viviendas, y exponiendo a las comunidades locales a riesgos sanitarios críticos.

La denuncia también subraya el impacto en el derecho fundamental a la salud y la vida de los usuarios del servicio público de aseo, quienes dependen de un manejo adecuado de los residuos sólidos. La Red de Veedurías ha solicitado a las autoridades que actúen con celeridad frente a estos señalamientos para garantizar la protección del medio ambiente y de las comunidades afectadas.

Urbaser S.A. E.S.P. aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones, mientras se espera la decisión de las autoridades judiciales respecto a las medidas solicitadas contra sus directivos.

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