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Polémica por compra de chalecos antibalas descertificados para la Policía Nacional

La adquisición de 9.671 chalecos antibalas genera cuestionamientos debido a la suspensión de su certificación internacional.

Chalecos Policía
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 27/12/2024 - 20:10 Créditos: Gobernación del Valle del Cauca / entrega de chalecos antibalas a la Policía Nacional

La Policía Nacional adjudicó en diciembre de este año la compra de 9.671 chalecos antibalas de nivel IIIA por un valor de $10.378 millones. Sin embargo, la selección del proveedor, Industrias y Confecciones Inducon SAS, ha desatado una controversia luego de que se revelara que el modelo 'Super 8', ofrecido por la empresa, perdió la certificación del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos (NIJ), encargado de garantizar los estándares de calidad balística a nivel mundial.

Cada chaleco fue adquirido a un precio unitario de $1.073.182, según consta en la orden de compra publicada en el portal Colombia Compra Eficiente. Inducon SAS, una compañía colombiana especializada en dotaciones empresariales y prendas de protección, fue seleccionada en un proceso que también incluyó a otras dos empresas competidoras.

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El NIJ suspendió la certificación del modelo 'Super 8' el pasado 12 de diciembre, señalando posibles fallas en la calidad de los materiales y su resistencia balística. 

Esta situación ha generado preocupación por la seguridad de los agentes que usarán estos chalecos. No obstante, la Policía Nacional afirmó que en el momento de la adjudicación, la certificación estaba activa y que la suspensión surgió posteriormente durante una inspección del instituto estadounidense.

"Lo que tenemos es una suspensión mientras el NIJ realiza investigaciones. En las pruebas balísticas realizadas hasta ahora, los resultados han sido satisfactorios, sin perforaciones", explicó un vocero de la institución a la Revista Semana. Además, justificaron la elección de Inducon debido al precio competitivo ofrecido por la compañía.

A pesar de estas aclaraciones, el caso sigue generando debate sobre los procedimientos de verificación en las contrataciones públicas y la necesidad de garantizar estándares óptimos de seguridad en los equipos adquiridos para las fuerzas del orden.

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