Otra demanda por convenio para expedir pasaportes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido para su estudio una acción popular interpuesta contra la Imprenta Nacional, Migración Colombia y la Cancillería. 

La demanda, presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), se refiere a presuntas irregularidades en los procesos de contratación relacionados con la expedición de cédulas de extranjería y pasaportes en el país.

Según la Fundación, los procesos de contratación que involucraron a las mencionadas entidades no se realizaron conforme a las normas establecidas en la Ley 80 de 1993, que regula la contratación pública en Colombia. 

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En particular, la Fundación sostiene que se ha eludido la obligación de realizar procesos de licitación pública, optando en cambio por la contratación directa de los servicios. 

Esta práctica, según el demandante, ha involucrado la celebración de contratos interadministrativos y la intervención de terceros, lo cual ha generado preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia en la ejecución de los contratos.

En la demanda, FEDe. Colombia señala que una de las principales preocupaciones radica en la falta de un proceso de selección abierto que permitiera evaluar diferentes ofertas y elegir la opción más adecuada. 

En este sentido, la Fundación destaca que, entre las cotizaciones recibidas para justificar la contratación directa con la Imprenta Nacional, la propuesta de la empresa Accesos Holográficos no resultó ser la más económica ni la más ventajosa por otras razones evidentes.

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Además, la Fundación ha expresado su inquietud acerca de la capacidad de la Imprenta Nacional para llevar a cabo las actividades relacionadas con la expedición de cédulas de extranjería y pasaportes. 

Según la demanda, la Imprenta Nacional carece de la experiencia y la capacidad necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales, lo que pone en riesgo la continuidad en la prestación de este servicio público.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dado un plazo de 10 días a la Imprenta Nacional, Migración Colombia, la Cancillería, así como a la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para responder a la demanda. 

Este es un paso clave en el proceso legal que busca esclarecer las posibles irregularidades en la contratación de los servicios de expedición de estos importantes documentos.

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