Vía Mulaló Loboguerrero: otro lío por contrato que gobierno quiere terminar antes, en vilo $700.000 millones

La Contraloría General de la República advirtió a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el alto impacto económico que ocasionaría la grave afectación de los intereses patrimoniales del Estado ante la posible terminación anticipada del Contrato de Concesión proyecto vial Mulaló – Loboguerrero, en el Valle del Cauca.

El ente de control manifiesta su preocupación puesto que la terminación anticipada del contrato de concesión implicaría que la Nación tenga que pagar una suma aproximada de $700.000 millones sin haber recibido a cambio ni un metro de vía, por unos Estudios y Diseños en Fase III, que podrían quedar desactualizados con el paso del tiempo.

Además unos predios adquiridos a lo largo de los 32 km que tendrá está vía que habría que resguardar y que podrían verse afectados por algún cambio posterior del diseño; y una Licencia Ambiental en cabeza del actual concesionario, que tendría que ser cedida a la Nación, sin que se hayan evaluado adecuadamente los costos de sus compromisos y los pasivos actuales.

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Además de esto, dejando al departamento del Valle del Cauca sin la ejecución de uno de los proyectos viales más ambiciosos y de gran beneficio para el desarrollo económico del departamento.

Este corredor vial mejoraría la competitividad y además reduciría en 52 km y 1,50 horas de tiempo, respecto de la longitud y duración del recorrido por el actual corredor vial Cali-Mediacanoa Loboguerrero.

Terminar de forma anticipada y por mutuo acuerdo este contrato de concesión, significaría dejar al Valle del Cauca sin el indiscutible beneficio económico de una inversión en su territorio de $ 2,8 billones (pesos de diciembre de 2023), haciendo caso omiso de que se trata de un proyecto declarado por el Conpes de importancia estratégica para la Nación.

La Contraloría General también advierte que la no ejecución del proyecto tiene un impacto ambiental, toda vez que, al reducir la longitud y duración del actual recorrido, se generaría una disminución en la emisión de gases que generan los vehículos en dicho trayecto y a futuro ayudaría disminuir la contaminación ambiental ocasionada.

Por estas razones, la Contraloría General hace un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que estudien la posibilidad de promover y ejecutar un plan a través del cual se definan acciones efectivas que permitan que el concesionario inicie la fase de construcción del proyecto, sin perjuicio, si hay lugar a ello, que se restablezca adecuadamente el equilibrio económico del contrato, pero sin desconocer que ello no justifica la falta de ejecución de las obras, razones por las cuales se les insta a adoptar las acciones necesarias para evitar la materialización de los daños advertidos por el ente de control.

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