Junta Directiva de EPM aprueba presupuesto de $30,1 billones para 2025

La Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) aprobó un presupuesto de $30,1 billones para el año 2025, marcando un aumento significativo de $1,3 billones en comparación con el periodo anterior. Este incremento busca fortalecer las operaciones de la entidad y ejecutar proyectos estratégicos que impacten positivamente a Medellín, Antioquia y el resto del país.

El gerente general de EPM, John Maya Salazar, destacó la importancia de este presupuesto para garantizar la sostenibilidad operativa y enfrentar los retos regulatorios, de mercado y macroeconómicos que afectan a la organización. "Los recursos aprobados nos permitirán seguir promoviendo el desarrollo y contribuyendo a la calidad de vida de millones de personas en Medellín, Antioquia y Colombia", afirmó Maya.

Distribución de los recursos

De los $30,1 billones aprobados, Medellín recibirá $2,6 billones en transferencias, destinados a fortalecer las finanzas del Distrito. Adicionalmente, $4,2 billones estarán enfocados en proyectos de infraestructura, incluyendo inversiones en generación, transmisión y distribución de energía; gas; provisión de agua potable; y tratamiento de aguas residuales.

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Uno de los proyectos más destacados es el hidroeléctrico Ituango, que contará con una asignación de $1,4 billones para continuar con su desarrollo. Este proyecto es fundamental para garantizar la seguridad energética del país y se encuentra en una etapa crítica de implementación.

Estudios de riesgo en Antioquia

En paralelo, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagram) presentó avances en el estudio de riesgo por movimientos en masa, realizado en colaboración con la Gobernación de Antioquia y la Universidad Nacional, sede Medellín.

Los resultados iniciales indican que el Valle de Aburrá es la subregión más vulnerable, seguida del Suroeste, Occidente y Norte de Antioquia. Con una inversión de $1.034 millones, el estudio busca analizar en profundidad la vulnerabilidad física y socioeconómica de los territorios, con el objetivo de mitigar riesgos y reducir el impacto negativo en las comunidades.

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