Exdirector del DPS pone en entredicho contrato con Banco Agrario que ha generado caos y filas

Nicolás Salazar, exdirector de transferencias monetarias del DPS en el gobierno de Iván Duque, expuso diversas críticas hacia el programa Renta Ciudadana y el Banco Agrario. 

Salazar cuestiona la contratación de esta entidad bancaria para el pago de los subsidios, alegando falta de capacidad para atender a la población beneficiaria, así como supuestas irregularidades en los procesos de contratación.

Según Salazar, Prosperidad Social ha utilizado desde el año 2015 un Instrumento de Agregación de Demanda, ofrecido por Colombia Compra Eficiente, para adquirir servicios financieros destinados al pago de subsidios. 

Este instrumento busca centralizar a los bancos interesados en prestar servicios a entidades estatales, permitiendo consolidar la lista de servicios y precios ofrecidos. En esta etapa, los bancos pueden ofrecer mejores precios que los inicialmente propuestos.

Salazar señala que Prosperidad Social ha realizado solicitudes de cotización a los bancos, evaluando el mejor precio y las condiciones de calidad ofrecidas en esta segunda etapa. 

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Luego, a través del mecanismo de Colombia Compra Eficiente, se generan las "Órdenes de Compra" como contratos entre el banco y la entidad estatal.

El exdirector destaca que Familias en Acción se transformó en el programa "Tránsito a Renta Ciudadana", y menciona que durante el año 2022, Prosperidad Social llevó a cabo un proceso competitivo mediante Colombia Compra Eficiente, logrando una tarifa de $1.500 pesos para los hogares bancarizados a través de la billetera digital Movii.

Asimismo, indica que existen beneficiarios no bancarizados que reciben los recursos a través de giros postales. En este sentido, Prosperidad Social llevó a cabo un proceso competitivo con el fin de contratar un operador de pago para atender a estos beneficiarios. SuperGiros resultó ser el adjudicatario con una tarifa de $2.500 pesos por giro postal.

Salazar plantea dudas respecto a las afirmaciones de Prosperidad Social sobre el promedio histórico de tarifas para el pago de subsidios. Alega que las tarifas contratadas durante el 2022 fueron de $1.500 y $2.500 pesos, por lo que no entiende por qué la entidad asegura que el promedio era de más de $4.000 pesos. Además, cuestiona por qué no se separaron los procesos de contratación para buscar un mayor ahorro.

En relación con el contrato con el Banco Agrario, Salazar sostiene que Prosperidad Social afirmó que este se realizó a través de un proceso competitivo en Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, al revisar la página de dicha entidad, se evidencia que la única Orden de Compra puesta durante el año corresponde al pago de subsidios de Jóvenes en Acción, y no al contrato con el Banco Agrario.

Según el exdirector, en el proceso competitivo, Davivienda ofreció una tarifa de $1.895 pesos por subsidio, mientras que el Banco Agrario ofreció una tarifa de $2.955 pesos. Salazar plantea la pregunta de por qué se contrató al Banco Agrario directamente a una tarifa más alta, en lugar de utilizar el proceso competitivo que previamente había demostrado conseguir tarifas más económicas. 

También cuestiona por qué no se separaron los pagos para beneficiarios bancarizados y no bancarizados. Además, menciona que el contrato con el Banco Agrario se formalizó mediante un contrato interadministrativo en lugar de generar una orden de compra.

El exdirector menciona que esta no es la primera vez que el Banco Agrario ha sido contratado para hacer pagos a beneficiarios no bancarizados, pero que en experiencias anteriores se evidenció su falta de capacidad técnica y operativa, resultando en la subcontratación de otros operadores de pago, situación que se repite actualmente.

En concreto, Nicolás Salazar plantea diversas interrogantes sobre el proceso de contratación de Renta Ciudadana y el Banco Agrario, y cuestiona la falta de transparencia y eficiencia en la selección de los proveedores de servicios financieros para el pago de subsidios. Estas críticas ponen en tela de juicio la gestión de Prosperidad Social en la implementación de programas de transferencias monetarias en Colombia.
 

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