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Colombia es el quinto país con menor riesgo de lavado de activos en América Latina

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, destacó los avances significativos logrados por Colombia en el fortalecimiento de su marco normativo.

Malagón Asobancaria
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 14/07/2023 - 15:41 Créditos: Asobancaria

En el marco del 22 Congreso Panamericano sobre Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, destacó los avances significativos logrados por Colombia en el fortalecimiento de su marco normativo, la evolución de la supervisión y la promoción de la cooperación internacional, los cuales están dando resultados positivos.

Según el Índice AML de Basilea, que evalúa la vulnerabilidad de 128 jurisdicciones en estas áreas, Colombia se posiciona como el quinto país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe.

Colombia obtuvo una puntuación de 4.75, mientras que el promedio de los 22 países de la región fue de 5.34. Cabe destacar que la escala del índice va del 1 (menor exposición a los riesgos) al 10 (exposición máxima).

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Además de analizar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el índice también considera factores como el riesgo de soborno y corrupción, la transparencia financiera y los estándares regulatorios, entre otros.

El líder gremial destacó tres desafíos clave para avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales y mitigar de manera efectiva los riesgos asociados a estos fenómenos. Estos desafíos incluyen: Contribuir al éxito de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua, fomentar la inclusión financiera y apoyar la implementación de políticas contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Por lo anterior, es necesario respaldar la adopción e implementación de políticas y regulaciones efectivas para combatir estos fenómenos. Esto implica fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción, así como promover la cooperación nacional e internacional en esta materia.

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