Carf advierte necesidad de recorte presupuestal y modificaciones urgentes

En un pronunciamiento, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) de Colombia ha revelado serias advertencias sobre la situación económica del país, instando a medidas drásticas para enfrentar los desafíos financieros que se avecinan.

Según el Carf, Colombia enfrenta la necesidad urgente de realizar un recorte adicional de $5.3 billones en el presupuesto nacional. Este ajuste se debe a la proyección de un menor recaudo tributario por parte de la DIAN para el presente año, lo cual ha generado incertidumbre sobre los ingresos estructurales del país.

El Comité ha alertado sobre los riesgos asociados con los ingresos tributarios para el segundo semestre del año. Existe la posibilidad de que los supuestos de recaudo por gestión ($3.4 billones) y el impuesto de renta de personas naturales ($2.3 billones) no se cumplan, complicando aún más la situación fiscal.

Necesidad de ajustes legislativos

Además, el Carf subraya que, en ausencia de la aprobación de un proyecto de ley con cambios en la regla fiscal, sería indispensable realizar un recorte adicional significativo de $11.5 billones en el presupuesto nacional. Esta medida busca mitigar los riesgos financieros y garantizar el cumplimiento de la Regla Fiscal, que actualmente está en entredicho.

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El incremento proyectado en la deuda neta del Gobierno para el próximo año indica una falta de estabilización, incluso bajo el cumplimiento de la Regla Fiscal vigente. El balance de caja reportado incluye desembolsos externos por USD 9 mil millones, lo cual representa un desafío significativo en términos de financiamiento. Además, el saldo final de caja cercano a $6 billones de pesos podría ser insuficiente comparado con años anteriores, intensificando las preocupaciones sobre la solvencia financiera del país.

Impacto de la reforma pensional y presupuesto futuro

El Carf también ha destacado la ausencia de inclusión del impacto completo de la reforma pensional en el documento presentado. Se estima que el pilar solidario y semicontributivo implicarán una erogación presupuestal considerable, cerca del 0.25% del PIB (alrededor de COP 4 billones), que deberá ser cuidadosamente gestionada dentro del techo de gasto para el año 2025.

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