Camioneros rechazan aumento del ACPM y acusan al Gobierno de estigmatización

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) ha expresado su firme rechazo al reciente aumento en el precio del ACPM, decretado por el Gobierno en la noche del viernes 30 de agosto, con efecto inmediato desde el 31 de agosto. Según el gremio, el incremento, que eleva el precio del galón de diésel en $1.904, es un incumplimiento de las promesas hechas por el Ministerio de Hacienda de no aumentar los precios y de buscar una reformulación con el presidente Gustavo Petro.

El aumento del precio del ACPM no solo afectará a los más ricos, sino que también tendrá un impacto directo en el costo de vida y en la canasta familiar de aproximadamente 50 millones de colombianos. La ACC advierte que el incremento en los precios de los insumos, derivado del alza en el costo del diésel, afectará gravemente el patrimonio de las familias transportadoras, quienes son consideradas el eslabón más débil en la cadena logística.

El incremento se ha implementado para compensar un déficit de $6.000 en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc). El ajuste en el precio del galón de diésel se aplica desde el 31 de agosto en las 13 principales ciudades del país.

Este aumento se produjo tras una serie de manifestaciones realizadas por los transportadores en las principales ciudades, que protestaron contra el alza del precio del combustible. 

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#Atención | La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) denuncia que el Gobierno está persiguiendo a los transportadores al etiquetarlos como "golpistas y militantes políticos". La ACC responsabiliza al presidente por la seguridad de los dirigentes gremiales. pic.twitter.com/E4kRSJjyy3

— La FM (@lafm) September 2, 2024

El gremio afirma que, a lo largo de 18 meses, se llevaron a cabo 14 mesas de trabajo con la Cámara Integremial del Transporte UNIDOS, durante las cuales se presentó una fórmula técnica nacional para el precio del ACPM. Sin embargo, la propuesta fue desestimada por el gobierno, que en lugar de un diálogo constructivo, impuso fechas para futuros aumentos del precio sin considerar alternativas viables.

La ACC advierte que el incremento afectará significativamente el costo de vida y la canasta familiar de 50 millones de colombianos, además de elevar los costos de insumos y perjudicar el patrimonio de las familias transportadoras. Según el gremio, los camioneros, considerados el eslabón más débil de la cadena de transporte, no han recibido el reconocimiento adecuado por su labor crucial.

Además, la ACC critica la falta de eficacia de la SUPERTRANSPORTE en la vigilancia de las relaciones económicas y la falta de actualización del sistema SICE TAC. Denuncian que el régimen sancionatorio actual es ineficaz y que el sistema presenta fallas graves que distorsionan el costo real de los recorridos.

El conflicto se agrava con las recientes acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X, vinculó a las juntas directivas de los camioneros con el uribismo y las acusó de intentar un golpe de estado, comparando la situación con eventos históricos en Chile. La ACC rechaza estas acusaciones, considerándolas una estigmatización que pone en peligro la seguridad de sus miembros y viola su derecho constitucional a la protesta.

En respuesta, la ACC ha solicitado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y a la Defensoría del Pueblo que inicien acciones para proteger a sus directivos frente a la persecución y estigmatización por parte del gobierno.

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