Alerta del ICP sobre polémico decreto del Ministerio de Agricultura para expropiar fincas y terrenos rurales

En un reciente comunicado, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) ha manifestado su preocupación en relación al borrador del decreto que busca reglamentar el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El organismo sostiene que el proyecto podría superar los poderes reglamentarios, al establecer nuevas causales para la extinción de dominio de terrenos rurales, lo cual podría ser incluso más perjudicial que una expropiación directa. 

Según el análisis del ICP, el gobierno, al parecer, actuaría en contraposición al derecho a la propiedad y al debido proceso, todo bajo el pretexto de cumplir con objetivos establecidos en la Reforma Rural Integral (RRI).

Una de las afirmaciones más alarmantes del informe señala que el proyecto otorgaría mayor autonomía a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sin la necesaria supervisión judicial. "Si este decreto se aprueba, la ANT podría obtener poderes que superen las restricciones constitucionales relativas a las responsabilidades del ejecutivo", indica el comunicado.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP, instó a diversas organizaciones de la sociedad civil a presentar observaciones al proyecto antes del 24 de agosto. Chacón argumenta que este proyecto no sólo amenaza los derechos de propiedad privada, sino que también limita la libertad económica y las decisiones de los agricultores sobre el uso de sus tierras.

Además, el ICP ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional la suspensión provisional del Artículo 61 del PND para prevenir la emisión de normas que contradigan disposiciones constitucionales.

La entidad también expresa que cualquier expansión de las causales de extinción de dominio o la introducción de nuevas podría representar una violación del principio de legalidad y separación de poderes. 

En la actualidad, entidades como la Fiscalía General de la Nación, la DIAN, las Secretarías de Hacienda Municipales y la Superintendencia de Sociedades tienen la responsabilidad, en un contexto judicial, de demostrar una causal previamente establecida por ley para extinguir el dominio de un terreno.

En otro giro de eventos, Chacón exhortó al Congreso para convocar un debate de control político sobre la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez. "Hacemos un llamado a las Comisiones Quintas del Senado y la Cámara de Representantes para que aseguren la legalidad de este proyecto y protejan el derecho constitucional a la propiedad privada de todos los colombianos", concluyó Chacón.

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