Acusan a vicepresidente de Colpensiones, María Elisa Morón, de direccionar contrato por $12.000 millones

La Fiscalía General de la Nación ha presentado acusaciones contra María Elisa Morón, vicepresidenta de gestión corporativa de Colpensiones, por su presunta implicación en la manipulación de un contrato que alcanzó un valor de más de 12.000 millones de pesos. 

Esta situación representa un nuevo caso de controversia para la entidad, ya afectada recientemente por otros incidentes similares, lo cual coincide con el período de implementación de importantes reformas pensionales propuestas por el gobierno de Petro.

Morón está siendo procesada por su posible participación en el direccionamiento de un contrato de defensa jurídica, cuyo valor inicial fue elevado de manera significativa. 

Según los detalles proporcionados por Semana, el contrato inicialmente estimado en 4.142 millones de pesos, fue incrementado hasta los 12.455 millones de pesos.

El contrato en cuestión estaba destinado al apoyo en la representación legal de Colpensiones y fue concedido a la empresa Lupa Jurídica SAS. 

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Según evidenció Semana durante el proceso de contratación no se consideraron cotizaciones competitivas y se basó en un análisis de precios previamente acordado con Colpensiones, lo que apunta a un posible acuerdo previo entre las partes involucradas para asegurar la adjudicación del contrato a esta firma.

Carlos Orozco, el fiscal encargado del caso, argumentó que Colpensiones realizó un estudio de mercado que resultó en la descalificación de Icarus SAS, la otra firma interesada, basándose en criterios que no correspondían a una evaluación objetiva del mercado. 

Además, sugiere que Morón no supervisó adecuadamente los estudios de mercado que justificaban las cifras del contrato, lo cual benefició directamente a Lupa Jurídica SAS.

También se revela que esa empresa
pudo haber recibido información privilegiada por parte de Colpensiones que le permitió ajustar su cotización para asegurar el contrato, insinuando una colaboración inapropiada entre la entidad y la empresa adjudicataria.

Por otro lado, el fiscal Orozco presentó evidencias que sugieren que Morón autorizó pagos adicionales por casi 8.300 millones de pesos por encima del valor original del contrato, sin seguir los procedimientos adecuados. Estos actos, según la Fiscalía, perjudicaron los intereses públicos que administra Colpensiones.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía ha formulado cargos por posible celebración indebida de contratos y peculado. 

Adicionalmente, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones disciplinarias contra Morón y otros tres directivos en relación con otros contratos sospechosos, incluyendo servicios de atención al cliente y suministro de personal.

Tras denuncias que indican que las adiciones a estos contratos también excedieron los montos justificables, pasando de 26.000 millones de pesos a 65.000 millones de pesos. 

Estas investigaciones se iniciaron después de las denuncias realizadas por la senadora Paloma Valencia.

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